El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se defendió de Republicanos, luego de que un diputado y consejeros regionales (cores) de esa colectividad acudieran a Contraloría para presentar un requerimiento contra el gobernador Claudio Orrego, acusando irregularidades en la ejecución del Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional.
En la denuncia ante la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, participó el diputado Juan Irarrázaval Rossel, respaldado por los consejeros Víctor Valdés, Jaime González, Carlos Tellería, Edith Aedo, Nicole Aguilera, Pedro Pablo Herreros y Javier Ramírez.
El parlamentario y los cores sostienen que no se han utilizado más de $45 mil millones del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (FATCON).
Según el documento al que accedió BBCL, en el requerimiento acusan: “Dada la inejecución presupuestaria, se configura una omisión a los deberes legales impuestos a la autoridad, en este caso al Gobernador Regional Metropolitano de Santiago”, señalan sobre Orrego.
La denuncia adjunta el detalle del Informe de Ejecución Mensual del periodo 2025 del Ministerio de Hacienda. Ahí se indica que tanto el presupuesto inicial como vigente para el FATCON es de M$45.193.339.
En el Informe de Estado de Avance del Ejercicio y Marcos Presupuestarios del mismo Gobierno de Santiago, en inversión regional se consigna un total de M$45.306.298. También se destaca un aporte fiscal de M$20.000.000, proveniente del FATCON.
La defensa del GORE de Santiago tras denuncia de Republicanos contra Orrego
Consultado por BBCL, el Gobierno de Santiago señaló que “no ha habido ejecución de recursos debido a cambios legales que actualmente limitan el uso de los recursos del Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional, lo que afecta principalmente a las comunas rurales”.
Asimismo, plantean que la Ley N° 21.692 modificó la forma de usar los fondos, pues antes podían destinarse a proyectos de interés regional en general. Sin embargo, ahora “solo se permiten iniciativas muy específicas ligadas al transporte“.
“En la práctica, esto impide financiar muchas necesidades históricas de las comunas rurales, que ya no califican con la nueva norma”, sostienen desde el Gobierno Regional.
La situación, que “aún no ha sido resuelta de manera definitiva”, afirman que se ha abordado en instancias con el Gobierno Central, ministerios competentes, la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI).
En ese marco, han solicitado revisar la normativa y reglamentación, ya que las zonas rurales “requieren apoyo en múltiples ámbitos de inversión más allá del transporte”.
Por su parte, Manuel Gallardo, administrador regional del Gobierno de Santiago, declaró que “están cometiendo un error los consejeros de Republicanos”.
“Lo primero es que el presupuesto se ejecuta hasta el 31 de diciembre de cada año y recién estamos en agosto“, respondió Gallardo.
A lo anterior, el administrador regional recalcó que la acción va en contra del trabajo del Gobierno Regional con el AMUR y los 18 alcaldes y alcaldesas rurales de la RM.
“El acuerdo que tenemos es avanzar para que la Dirección de Presupuesto nos reconozca todo el arrastre de proyectos que se están ejecutando en el mundo rural y también se puedan flexibilizar las disposiciones del reglamento del FAR (Fondo de Apoyo Regional, actual FATCON) para poder tener un arco más amplio de inversión“.