Luego de que dos excontadores de la Municipalidad de Vitacura fueran condenados el pasado mayo por el delito de fraude al fisco durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil contra ellos para exigir una millonaria indemnización.
Esta acción judicial representa un frente adicional en el caso de corrupción que se investiga en la gestión de Torrealba, quien fue formalizado por delitos de fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios.
Los excontadores, Arnaldo Cañas y César Silva, se habían acogido a un procedimiento abreviado, lo que les permitió cumplir su pena en libertad y pagar multas.
Sin embargo, ahora el CDE presentó una demanda civil contra los excontadores y busca una indemnización de $766.790.886 por el delito de fraude al fisco, según constató La Tercera.
El rol de los excontadores
Los demandados eran contadores de la municipalidad y figuras clave del caso. Silva se desempeñó como contador y era uno de los funcionarios de confianza del exdirector de los programas Vita, Domingo Prieto, quien delató al exalcalde Torrealba. Mientras que Cañas, también contador, trabajó en el programa Vitaemprende.
En mayo de este año, ambos fueron condenados y reconocieron su responsabilidad en el delito de fraude al fisco, lo que les valió una condena penal que cumplen en libertad, además de pagar millonarias multas: $16 millones en el caso de Cañas y $99 millones para Silva.
De hecho, según el medio citado, en el escrito de 19 páginas del CDE, indican que los acusados eran piezas clave en una organización que defraudó el patrimonio de la municipalidad entre 2011 y 2021. La demanda define a Torrealba como el “líder de la organización”.
Bajo ese contexto, el CDE apunta a que los excontadores eran quienes manejaban los recursos de las organizaciones municipales defraudadas. En ese sentido, Cañas y Silva debían girar cheques, retirar dinero en efectivo de las cuentas de las organizaciones municipales y entregarlo en sobres a Torrealba. Además, también debían entregarlo en efectivo o depositarlo en cuentas a otros integrantes de la organización delictiva.
El presidente del CDE, Raúl Letelier, afirma que uno de los principales mecanismos de Cañas y Silva fue la emisión de facturas ideológicamente falsas, generadas por ellos o por terceros.
Esto generó un perjuicio fiscal de $61 millones en la repartición Vitadeportes, a los que se suman $129 millones del Consejo Local de Deportes y Recreación de Vitacura.
Más de $700 millones
Los delitos tuvieron como resultado un perjuicio al municipio de Vitacura que asciende a $766.790.886. Este daño provino de la desviación de fondos de subvenciones municipales, ingresos de la piscina y arriendos de espacios publicitarios, los cuales fueron utilizados para obtener beneficios económicos para ellos o para terceros, principalmente para Torrealba.
El CDE pide que la justicia mantenga lo dictado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y congele los bienes de los imputados, estableciendo una prohibición de venta de los inmuebles o vehículos que estén a nombre de los dos condenados. Además, se pide que se les condene al pago de las costas del juicio civil.
La demanda ya está en tramitación en el 23.º Juzgado Civil de Santiago. Por su parte, la defensa de César Silva pidió que se rechace la demanda desde el inicio, argumentando que se basa en los mismos hechos que ya fueron juzgados en el proceso penal.