La familia de la niña de 7 años que murió junto a su padre tras una balacera en La Granja denunció una vulneración de derechos, luego de que se les prohibiera velar a la menor. El funeral, tanto de ella como de su progenitor, fue catalogado de alto riesgo. El hombre, con antecedentes policiales por hurto, habría estado vinculado a la banda narco “Los Camellos“, relacionada con el fallecido delincuente apodado “Indio Juan“.

El crimen ocurrió la madrugada del martes 22 de julio en avenida El Tabo, cerca de la intersección con la caletera de Vespucio Sur. Ambas víctimas esperaban dentro de un vehículo —con encargo por robo— a la madre de la menor, que se encontraba en una vivienda.

En ese momento, apareció otro automóvil desde el cual presuntamente dos desconocidos dispararon en al menos 75 ocasiones, utilizando armas calibre .40 y 9 milímetros. El ataque provocó la muerte de la menor, identificada como Mailyn, y de su padre, Julio Moya Castillo, de 38 años, uno de los posibles herederos del liderazgo de la banda Los Camellos. Además, él era investigado por infracción a la Ley de Drogas y otros delitos.

La abuela de la menor, Guillermina Castillo, conversó con Chilevisión. En el diálogo, la mujer negó cualquier vínculo delictivo de su hijo. “No involucren a mi familia en nada. Esa gente venía a otra cosa y mi hijo se les terció“, declaró.

También afirmó que “vulneraron los derechos” al negar la posibilidad de realizar un velorio. “Se lo pedimos a Carabineros y dijeron que no“, denunció. “Mi familia es toda de esfuerzo, todos trabajamos”, añadió.

Además, Guillermina pidió que el crimen de la menor no quede impune. “Que me apoyen en lo que voy a hacer por ella“, dijo.

El funeral se realizó bajo amplio resguardo policial rumbo al cementerio.

Explicación del funeral de alto riesgo para niña y padre asesinados en La Granja

El mayor Gonzalo de la Costa, de la Prefectura del Maipo, explicó al medio citado que, debido a las circunstancias del doble homicidio, la Delegación Presidencial Metropolitana resolvió declararlo como funeral de alto riesgo.

“Se hizo el despliegue que eso significa, que es desde la entrega del cuerpo (ambos) desde el Servicio Médico Legal directamente hacia su sepultura en la comuna de San Bernardo“, precisó el oficial de Carabineros.

Agregó que, además del contexto del hecho, la resolución también consideró los “antecedentes de la familia“.

Cabe señalar que el funeral de alto riesgo se regula por la Ley 21.717, que norma su realización.

Por su parte, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, aclaró que la declaración de alto riesgo “no es un castigo” a la familia de la menor. La autoridad afirmó que busca la “minimización de factores de riesgo que pueden afectar a la propia familia”.

“En este caso en particular, ocurre muchas veces, por ejemplo, en contexto de ajustes de cuentas, crímenes por encargo, que quedando otros miembros de la familia desarrollando el velorio, se produce en ese contexto una continuidad del conflicto de origen“, aseguró Durán.

Asimismo, el delegado presidencial RM añadió: “de manera que declarar de riesgo un funeral de un o una menor de edad es también proteger a su familia“, expresó.

Incluso, Durán señaló que, durante los mismos días, no se declaró como funeral de alto riesgo el de otra persona menor de edad —”tratando de distinguir la situación”—, y ese velorio terminó con incidentes.