El decomiso de más de cinco toneladas de pesca ilegal en la región del Maule esta semana es el primer resultado concreto de una investigación en torno a un negocio que mueve millones de dólares y donde actúan verdaderas mafias que controlan una actividad que resulta complejo y hasta peligroso fiscalizar.
Drones captaron cómo operan en completa impunidad lanchas artesanales que son arrastradas por tractores para desembarcar merluza ilegal.
La merluza común está hoy en veda, que restringe su captura por todo septiembre para proteger el peak de su periodo reproductivo, pues la especie se encuentra en estado de sobreexplotación.
Los días previos a la veda los desembarques aumentaron, pero por sobre todo los ilegales, es decir aquellos en que las embarcaciones artesanales no llegan a los muelles, donde Sernapesca contabiliza las capturas que permiten mantener el control de las cuotas, sino que a la playa.
De las las 14.610 toneladas asignadas este año al sector artesanal, cerca de 4 mil corresponden a la región del Maule, donde la mayor parte se extrae en Caleta Duao, Pelluhue y Constitución.
Acciones legales
Precisamente en playas de Pelluhue y Duao desembarca gran cantidad de pesca de merluza no reportada. Por esto, Asipés y otras asociaciones pesqueras se querellaron contra armadores artesanales que controlan el negocio y que han reconocido que capturan cerca de 50 mil toneladas, más de 10 veces lo que tienen permitido.
El abogado Remberto Valdés, que representa a los querellantes, señaló que los involucrados actúan impunemente descargando en la playa con ayuda de tractores, tras lo cual una cadena de transporte ilegal permite que el recurso llegue a comercializarse en varias ciudades, pero principalmente en el terminal pesquero de Santiago.
Esto ha sido registrado durante meses en imágenes captadas por drones desde la altura y en la misma playa, y que dan cuenta de la magnitud de las operaciones ilegales en que participan centenares de personas, lanchas, camionetas y camiones que transportan la carga.
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Sernapesca asegura que, al ser el recurso pesquero de mayor consumo humano en el país, la pesquería de la merluza es estratégica, por lo que concentra grandes esfuerzos de fiscalización. Así lo afirmó Héctor Póntigo, director Regional del Servicio en la región Maule, que es la región con mayor desembarque, seguida del Bío Bío y Valparaíso.
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Incautan más de cinco toneladas de merluza
Según el Sernapesca, se han ejecutado 9 mil acciones de control en lo que va del año, con 41 infracciones por incumplimientos normativos y un total de 43 toneladas incautadas.
Precisamente uno de estos operativos tuvo lugar esta semana en la zona -coordinado por la Fiscalía- y que permitió incautar más de cinco toneladas de merluza y la formalización de tres personas por infracción a la ley de pesca.
El subprefecto de la PDI, Rodrigo Reyes, jefe de la Bicrim Cauquenes, se refirió a la importancia del trabajo conjunto. En este caso, la pesca no reportada había sido capturada en Pelluhue.
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El fiscal jefe de Cauquenes, Francisco Ávila, dijo que los vehículos que circulaban de noche entre Pelluhue y Cauquenes no contaban con ningún tipo de autorización y que la norma sanciona a los meros tenedores de recurso sobre explotado con penas que comienzan en 61 días de presidio, altas multas y comiso de la especie incautada.
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Parlamentarios presionan al Ministerio Público
La evasión tributaria de este negocio de pesca no reportada se calcula en unos 800 millones de pesos. Por esto, el diputado Leonidas Romero y el senador Gastón Saavedra, llevan meses presionando al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos para que tomen un rol más activo frente a estos delitos.
Tras el decomiso de esta semana en El Maule, Romero pidió en la Comisión de Pesca de la Cámara se cite a la instancia al fiscal regional del Maule, Julio Contardo.
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No resulta fácil el combate del estado a una gigantesca mafia que factura sobre 60 millones de dólares y que causa un daño incalculable al mar chileno, arrasando de paso con intereses medioambientales y de personas modestas que siendo pescadores no pueden competir con quienes no pagan impuestos y evaden todo tipo de control.
La violencia amenaza con mermar la voluntad de los fiscalizadores que han sido agredidos en múltiples oportunidades a lo largo de la última década, y en que las oficinas de Sernapesca en la zona han debido solicitar incluso protección policial tras decomisos de pesca ilegal.