Actuales y ex consejeros regionales admitieron la posibilidad de evaluar una denuncia por notable abandono de deberes contra el exgobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, a la luz de deudas dejadas y además el juicio de cuentas abierto por la Contraloría.
El diputado Eric Aedo, en tanto, pidió a las actuales autoridades hacer lo que no hizo el anterior consejo, con relación a cumplir su rol fiscalizador.
Como muy delicado calificaron los consejeros regionales del Bío Bío el escenario informado por el gobernador Sergio Giacaman, principalmente respecto a las deudas por 24 mil millones de pesos que dejó la anterior administración.
El monto corresponde a los más de 15 mil millones adeudados a empresas contratistas, dineros no transferidos a fundaciones y 7 mil millones para el Rally.
Posible requerimiento por abandono de deberes
Américo Mondaca, consejero del Partido Republicano, fue directo al sostener que efectivamente, a partir de los antecedentes conocidos, se debería evaluar un posible requerimiento por notable abandono de deberes contra el ex gobernador Rodrigo Díaz.
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Por su parte, el excore y excandidato a gobernador regional, Javier Sandoval, del Partido Igualdad, hizo un análisis y dijo que las deudas —sumado al juicio de cuentas— son sustento de una acusación contra la exautoridad.
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El diputado Eric Aedo (DC), que ha seguido de cerca el denominado Caso Convenios, llamó a los integrantes del CORE Bío Bío a considerar una denuncia y hacer lo que —subrayó— no hicieron los anteriores consejeros regionales.
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Una opinión con un matiz entregó el consejero del Partido Republicano, Luis Santibáñez, al estimar que antes de actuar se debería pedir el parecer a la Contraloría o al Consejo de Defensa del Estado.
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Por su parte, desde el Frente Amplio, Gonzalo Osorio, dijo que están a la espera de mayores detalles sobre el estado financiero en que quedó el GORE Bío Bío para decidir las acciones a seguir como ente fiscalizador.
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Lo que señalaron abogados sobre un requerimiento por notable abandono de deberes es que tendría que ser presentado ante el Tricel, advirtiendo que la única sanción posible —en caso de acogerse y por ser Rodrigo Díaz un ex un gobernador regional— sería la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.