El arresto domiciliario en una residencia sanitaria decretó la Corte de Apelaciones de Concepción para un hombre de 75 años, imputado por un homicidio perpetrado en San Ignacio, región de Ñuble, en noviembre del año pasado.

Sergio Rosales Quilodrán estaba en prisión preventiva desde entonces, como autor del crimen de Francisco Carrasco Sandoval, quien murió atropellado a la altura del kilómetro 31 de la ruta que une Chillán y Yungay tras ser lanzado por el imputado en el marco de una discusión.

En ese sentido, el Juzgado de Garantía cambió la cautelar por arresto domiciliario, al constatarse que Rosales se había contagiado por covid-19 en un brote al interior de la cárcel de Bulnes, resolución que luego fue revocada por la Corte de Apelaciones de Chillán.

La defensora penal, Karen Fuentes Placencia, recurrió de amparo a la Corte penquista, al calificar como ilegal y arbitraria la prisión preventiva decretada por el tribunal de alzada de Chillán, lo que fue acogido en un fallo de la ministra Carola Rivas, quien ordenó el traslado del imputado por homicidio a una residencia sanitaria hasta su recuperación del virus y luego a su casa para seguir en arresto domiciliario.