El diputado Leonidas Romero pidió que la Fiscalía Regional investigue un gasto innecesario de parte de ENAP en estudios de título para familias que están siendo relocalizadas en Hualpén.

Según el parlamentario, la empresa adjudicó de manera directa a un estudio jurídico esta diligencia, que la Seremi de Bienes Nacionales había ofrecido realizar sin costo.

El parlamentario de Renovación Nacional llegó hasta el Ministerio Público para ingresar antecedentes que datan de 2017, cuando se estaba definiendo la solución para 290 familias de El Triángulo y Villa El Triángulo, que el Ministerio de Vivienda había decidido que debían salir del sector.

Según Romero, pese que la estatal cuenta con 17 abogados de planta, los estudios de título de las familias fueron realizados por abogados externos, elegidos sin licitación. A esto se suma, que el seremi de Bienes Nacionales de la época, Eric Aedo, habría tenido la disposición de realizar estos estudios de manera gratuita. Sin embargo, indicó que la empresa no consideró el ofrecimiento.

El diputado Romero comentó que además, desde Bienes Nacionales se daba plena garantía de los estudios, pues conocían el proceso desde sus inicios y contaba con vasta experiencia en el tema.

Esto fue confirmado por Eric Aedo, quien dijo a La Radio que en el contexto de la conversación que había entonces con la empresa en busca de un sitio para la relocalización de los pobladores, se le consultó por los estudios de título.

“En esas conversaciones se nos pidió desde Enap si existía disposición de Bienes Nacionales para hacer estudios de título a los que se refiere el diputado Romero, y les contestamos que no había ningún inconveniente, que nosotros podíamos hacerlos”, explicó.

Desde Enap Refinerías señalaron que la empresa tiene enfocados todos sus esfuerzos en lograr un óptimo proceso de relocalización para sus vecinos, destacando que el traslado y reubicación de 289 familias es un plan complejo y casi único en el país en que intervienen varios organismos públicos.

Este ha incluido la realización de catastros, tasaciones, inscripción de postulantes en el Serviu, estudios de título, trámites legales e inscripciones, además de la demolición de sus antiguas viviendas, cuyos costos ha asumido la empresa.

En una declaración pública, Enap aseguró que dichos procesos, así como la contratación de servicios legales para la confección de estudios de título vinculados al proceso de relocalización fue llevado adelante con estricto apego a la normativa interna.