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Actores de pesca industrial critican rechazo a prórroga de entrada en vigencia de Ley de la Jibia

Por Yerko Roa
La información es de Pedro Cid

25 julio 2019 | 18:57

Los actores de la pesca industrial criticaron la determinación de la comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, que rechazó la indicación del Ejecutivo que postergaba la entrada en vigencia de la Ley de la Jibia.

La indicación del Ejecutivo pretendía aplazar en dos años la entrada en vigencia de una ley ya aprobada, que restringe a la potera o línea de mano -que usan los artesanales- la captura del calamar gigante.

Los pescadores se sintieron traicionados por el Gobierno y algunos parlamentarios por promover el aplazamiento.

Debido a ello reaccionaron con barricadas incendiarias en San Vicente, incidentes por los que se produjeron enfrentamientos con Fuerzas Especiales de Carabineros, que utilizaron gases lacrimógenos y carros lanzaaguas ante las pedradas que les lanzaban.

Pero la comisión de Pesca de la Cámara finalmente rechazó este jueves la indicación del Ejecutivo y todo quedó como antes, lo que claramente molestó a los industriales.

El dirigente de los sindicatos interempresas de la región del Bío Bío, Robinson Cárcamo, reiteró que la medida afectará los empleos, mayoritariamente de mujeres dueñas de casa.

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Más dura fue la opinión de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), cuya presidenta, Macarena Cepeda, aseveró que con el rechazo de la comisión se entregó un recurso valioso para Chile exclusivamente a una coordinadora de pescadores artesanales.

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En la otra vereda, el dirigente de los artesanales, Hernán Cortés, aplaudió el rechazo y desestimó que los eventuales despidos en el área industrial sean responsabilidad de la ley que entrará en vigor el 17 de agosto próximo, sino que radican en la falta de inversión de la industria y la escasez de jibia propiciada por el arrastre de los grandes barcos.

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Los incidentes registrados en San Vicente, Talcahuano, dejaron doce detenidos por Carabineros, todos adultos, acusados de desórdenes públicos y maltrato de obra a los efectivos policiales.