Mañana el fiscal Carlos Aldana debería resolver la reapertura del caso Laja-San Rosendo, en que aconteció la muerte de 19 trabajadores de la papelera y Ferrocarriles, 12 ex miembros de Carabineros y tres exejecutivos de la CMPC, en 1973.
La medida fue solicitada, no por diligencias pendientes, sino por un tecnicismo, al no ser notificada la defensa de los procesados, lo que anularía el avance del emblemático sumario, ad portas de la acusación.
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El ministro Aldana debió anunciar hoy la reapertura del sumario de este famoso caso, pero coincidió el plazo con las diligencias de Chillán por el secuestro y desaparición de Francisco Sánchez Arguén, profesor militante del Partido Socialista.