Contraloría detectó irregularidades en las obras en el puente Bicentenario de Concepción, las que pidió corregir. Entre ellas, está el pago indebido de 3 millones de pesos, posibles modificaciones al proyecto sin contar con los estudios necesarios y falta de fiscalización en el avance de los trabajos.

La investigación del órgano, a la que accedió de manera exclusiva BioBioChile, revisó el contrato con la empresa Besalco S.A. y su ejecución, bajo la supervisión Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, entre el 8 de marzo de 2016 y el 16 de agosto de 2017.

Entre sus conclusiones se encuentra que por un error de cálculo se habría pagado 3.434.743 de pesos de más. El problema habría sido que se debían reajustar los pagos de acuerdo al Índice de Precio al Consumido (IPC), sin embargo, no se utilizó la variación correspondiente en cuatro pagos.

“Ese servicio deberá remitir los antecedentes que acrediten la regularización del error en el cálculo del reajuste en los estados de pago (…) en el término de 15 días hábiles contado desde la recepción de este informe, o en su defecto, esta Entidad de Control procederá a formular un reparo”, asevera el informe de Contraloría. En consecuencia, la compañía deberá devolver el dinero.

Otro de los puntos que cuestionó fue que la Dirección de Vialidad estaría considerando no llevar a cabo los trabajos en el acceso norte del puente, pues no cuenta con los terrenos necesarios. Sin embargo, el órgano llamó la atención en que esta opción no se ha analizado técnicamente, en cuanto a la viabilidad e implicancias.

Además, se advirtió que se aprobaron los proyectos de ingeniería correspondientes a los ramales 6 y 3 del proyecto, pese a que la empresa no realizó sondajes en donde se ubicarían las fundaciones de las obras.

“Este basó sus estudios en los datos obtenidos de anteriores prospecciones realizadas en las inmediaciones de estas obras, sin que esta determinación haya contado, previamente, con un pronunciamiento favorable de la Dirección de Vialidad, tal como se exige en la normativa”, afirma el informe.

Contraloría pidió corregir estas dos situaciones, pidiendo ser informada en un plazo de 60 días hábiles sobre las medidas tomadas.

Por último, se mencionó que la fiscalización no había cumplido con exigir medidas concretas al contratista para enmendar el atraso en el avance de las obras en agosto de 2017, que estaba en un 56,36% y debía ser de un 73,1% a esa altura.

Por ello, el organismo le pidió al servicio que los inspectores fiscales cumplan cabal y eficazmente con sus obligaciones.