Tras oficializarse que el Gobierno expropiará cerca de 100 de las 215 héctareas vinculadas a la toma del cerro Centinela en San Antonio, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo explicaron que las platas para el proceso provienen de proyectos no ejecutados por la cartera en el sur.
En conversación con El Mercurio, el jefe de Vivienda, Carlos Montes, partió precisando que “una cosa es expropiar el terreno y otra es urbanizarlo, y el costo del terreno es la suma de ambas”. En esa línea, expresó que según los estudios y tasaciones que se hicieron, y aun faltando una cifra oficial, se necesitarían alrededor de $11 mil millones.
“¿Y de dónde salen estos fondos de $11 mil millones que estimamos? Salen del presupuesto de este año, no del próximo, y los teníamos reservados ante una eventualidad”, advirtió.
Minvu explica de dónde salen los recursos para la expropiación
Al respecto, el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Andrés Palma, explicó —en el citado medio— que dichos dineros no fueron gastados este año porque “el presupuesto tenía una gestión diferente a los años anteriores: al traspasar los recursos a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu), estos tenían que ser gastados en el año”.
“Hasta 2024, podían ser gastados en más de un año, pero ahora, que muchos Serviu vieron que no iban a gastarlos antes del 31 de diciembre, empezaron a devolver esos recursos”, afirmó.
“Eso ocurrió con una compra de terrenos en Coyhaique, del orden de los $4 mil millones; otra en Castro, de aproximadamente $3 mil millones, y otras en las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Ñuble”, detalló.
De esa manera, Palma sostiene que obtuvieron una disponibilidad de recursos que no estaba planificada, lo que permitió destinar esos fondos para la expropiación de la megatoma. De no gastarse en este último fin, las platas “no habrían quedado para el Presupuesto 2026 de Asentamientos Precarios, sino que se devolvían al Tesoro Público, como parte del ahorro nacional”.
El funcionario agregó que el monto exacto de dichos recursos superaría los $10.900 millones, y se enteró de su disponibilidad durante noviembre.
Finalmente, respecto a las razones que impidieron utilizar esas platas en el sur, Palma aclaró que “había problemas de tasaciones, en algunos casos; faltaban regularizaciones, o el rol del propietario, en otros; o se trataba de compras convenidas y faltó un papel; o en un predio del obispado, hubo cambio de Papa y ahora se necesita una autorización externa; o quedaron para el próximo año porque hubo un trámite que los demoró”.