A 27 días de que finalice el plazo entregado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a las autoridades para que habiliten los albergues correspondientes para desalojar a las más de 10 mil personas que habitan en la toma del Cerro Centinela de San Antonio; continúa la incertidumbre por el respeto del fallo judicial que ordena la expulsión de los ocupantes.

Esto porque, este sábado, el ministro de Vivienda de Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que aunque el gobierno respetará la orden emanada por la Corte, se mantendrán trabajando para evitar “hasta el último día” el desalojo, debido a que, según su criterio, el proceso de expulsión de las de 4 mil familias sería de “alto riesgo”.

“Y son familias, son niños, hay cerca de 3 mil niños viviendo ahí, entonces por eso nos preocupa mucho”, afirmó.

Problemas logísticos del desalojo

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, advirtió que el proceso del eventual desalojo tendría serios problemas logísticos, debido a alta cantidad de funcionarios de Carabineros que necesitaría, considerando el déficit de dotación policial que posee la región.

Mundaca señaló que de acuerdo a las actuales condiciones, el operativo de expulsión podría tardar cerca de 1 año. “Y el otro problema es humano, ¿dónde los alojas?”, alertó.

Respecto a las declaraciones del ministro Montes, es importante señalar que los dueños del terreno donde está ubicada la megatoma, la Inmobiliaria San Antonio, se han negado a cualquier tipo de conciliación una vez que se cayó la mesa de negociación con el gobierno para comprar el terreno. De esa forma, han asegurado que cualquier tipo de mediación por parte de los ocupantes es de carácter ilegal.

Aun así, en conversación con La Radio, el abogado que los representa, Diego Pereira, señaló que “nosotros no hemos tenido ningún contacto con el ministro Montes ya desde el mes de septiembre“.