Un fiscal exclusivo está pidiendo la abogada Jeanette Bruna, que representa a la familia del empresario Alejandro Correa —víctima de sicariato—, en el marco de la orden de demolición que se debe ejecutar el lunes en la toma Calicheros de Quilpué, en la región de Valparaíso.

Por su parte, la Delegación Presidencial de Valparaíso continúa gestionando reuniones operativas para iniciar este proceso ordenado por la justicia. Los ocupantes del terreno piden tener “mayor tiempo” para desalojar.

La abogada solicitó una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, donde le pedirá un fiscal exclusivo durante el proceso de domicilio. Su objetivo es evitar nuevas usurpaciones en el predio. Así, detalló, “cualquier persona que permanezca o regrese (al terreno) sea detenida por el delito de usurpación en estado de flagrancia”, explicó Bruna.

También exigirá un representante de la Fiscalía en el inicio de la demolición de las construcciones levantadas sin autorización.

Sobre la presencia de ocupantes del asentamiento ilegal durante la demolición, la Delegación Presidencial Regional mantiene en reserva el operativo a ejecutar. No obstante, se mantienen las reuniones junto a Carabineros, Minvu y el municipio de Quilpué.

El delegado Yanino Riquelme indicó que este proceso de demolición comienza el lunes 29 y se extenderá un par de días.

Por su parte, Jazmín Durán, vocera de los vecinos de la toma Calicheros, indicó que están a la espera de la admisibilidad del recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La dirigente dijo que necesitan “mayor tiempo” para el desalojo, asegurando que hay familias que ya están desarmando sus construcciones.

Finalmente, la familia Correa está a la espera de la reunión entre su abogada y el fiscal nacional, Ángel Valencia, para ratificar la presencia de un fiscal exclusivo para la demolición que deberá iniciar el próximo 29 de septiembre.