Un recurso de protección en favor de 3.500 personas, por una orden de desalojo ordenada por la Corte Suprema, presentaron vecinos del campamento Nuevos Aires de San Antonio, en la región de Valparaíso.

Aseguran que las instituciones a cargo del proceso no han coordinado acciones para reubicarlos y resguardarlos, exigiendo transparencia en el proceso que sería efectivo en dos meses.

Se trata de habitantes del campamento Nuevos Aires, quienes fueron notificados del desalojo en medio de la crisis habitacional que aqueja al país.

En este sentido, la Corte Suprema ordenó la desocupación del territorio para octubre de este año, indicando además que los organismos e instituciones correspondientes debían hacerse cargo de la reubicación de las personas. Sin embargo, según se acusó durante la marcha convocada, eso no ha ocurrido.

Karina Ayala, presidenta de la organización Nuevos Aires, señaló que el gobierno debe hacerse cargo de esta situación. Eso sí, advirtió que “nosotros no vamos a salir de ahí. Muertos nos van a sacar de nuestras casas”.

Por su parte, el abogado de la agrupación Nuevos Aires de San Antonio, Felipe Olea, afirmó que hay “dos mentiras” en esto, por un lado, porque entre instituciones se pasan responsabilidades y por otro, porque se señala que las personas se “saltaron la fila” para tener soluciones habitacionales.

Asimismo, agregó que el mandato puntualizaba un desalojo en condiciones dignas y con condiciones habitacionales.

Respecto al recurso, cabe señalar que los organismos a cargo de gestionar las acciones son el Serviu, Seremi de Vivienda, Gobierno Regional, Seremi de Desarrollo Social, Bienes Nacionales, Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y Provincial de San Antonio, además del municipio de la comuna, sin embargo, solo este último no se ha pronunciado respecto a las solicitudes de transparencia.