Fue el pasado mes de mayo de 2022 cuando la exministra de Salud, María Begoña Yarza, denunció que el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso se realizaban intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia.
Al principio apuntó a un delito de torturas, pero luego rectificó a una “calificación jurídica distinta”. De una u otra forma, motivó investigaciones administrativas, penales y recursos judiciales.
A más de un año, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, reconoció que no ha sido posible establecer “una conducta” de torturas.
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Esta noticia fue bien recibida por la presidenta de la Federación de Profesionales Universitarios de la Salud (Fedeprus), Milena Rojas.
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Pese a lo anterior, aún falta realizar diligencias que fueron solicitadas. Así lo indicó el abogado Esteban Elórtegui, quien es querellante por la Corporación La Matriz que representa a algunos pacientes.
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Recordemos que en febrero de este año, justo cuando el Ministerio Público pretendía no perseverar la investigación, un informe del Comité para la Prevención de la Tortura algunas situaciones.
En específico, aislamiento en los pacientes, además de falencias graves de infraestructura y la aplicación de TEC fuera de norma técnica.