En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se formalizó a un matrimonio por apropiarse fraudulentamente de una millonaria suma de dinero.

En la audiencia, la Fiscalía le indicó a los imputados Iván Valdenegro Muga y Pamela Villarroel Vidal, que se iniciaba una investigación en su contra por dichos cargos.

Todo comenzó el año 2004, cuando el imputado comenzó a prestar servicios informáticos para la sociedad Iris Machuca y Cía. Ltda., donde su función era realizar asesorías informáticas y soporte técnico. Incluso, durante el año 2006 creó un programa de control de facturación para las empresas.

Por este motivo, la víctima Iris Machuca Tamayo le ofreció un contrato de trabajo, el cual el imputado se negó a aceptar, fundando su respuesta en que recibía una jubilación anticipada, por tanto un contrato de trabajo lo perjudicaría. A pesar de esto, continuó prestando servicios, llegando a tener un alto nivel de confianza con la víctima, quien decidió que el imputado le administrara la empresa de manera informal.

Bajo este contexto, en 2014 el imputado incorporó un nuevo sistema de pago de remuneraciones, y con el objetivo de cumplir esta función manejaba un dispositivo con las claves de las cuentas corrientes de las sociedades, como asimismo de otra sociedad de propiedad de la misma víctima, pero de transportes.

Bajo ese prisma fue que desde agosto del 2014 a julio de 2016, el imputado junto a su esposa se habrían aprovechado de la confianza de tener libre acceso a las cuentas de las empresas para apropiarse de manera indebida y reiterada de transferencias bancarias desde la empresa afectada a la cuenta de su esposa y a la de él mismo.

Entre algunas transferencias que se mencionaron que se alcanzaron a realizar 145 movimientos desde la cuenta de la empresa a la cuenta de la imputada, la ingeniero en administración Pamela Villarroel Vidal, alcanzando una suma de $98 millones. Mientras que desde otra cuenta de la empresa de transportes de la afectada a la cuenta del imputado, se contabilizaron varias transacciones que alcanzaron los $20 millones. El monto total alcanzó los $118 millones.

Con estos antecedentes, al matrimonio se le formalizó por el delito de apropiación indebida en calidad de autores y en grado consumado.

La fiscal (s) María Loreto Díaz y el abogado querellante Ramón Ibáñez, solicitaron que al matrimonio se le impongan cautelares de arraigo regional y firma mensual, mientras que el defensor Leonardo Vallejos pidió que se aplique una cautelar menos gravosa, ante lo cual el juez Pablo Miño impuso a los imputados la prohibición de salir del país y el plazo para el cierre de la investigación se fijó en 70 días.

Por este delito los imputados arriesgan penas desde los 3 años a los cinco de presidio.