Una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delito fueron dados a conocer por el ex asesor jurídico de la Fundación Integra, Felipe Solar Bonilla, en un juicio de autodespido realizado en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, en la región de Los Ríos.
En medio de sus argumentos para exponer su descontento con su ex empleadora, Solar Bonilla expuso que el 31 de marzo del 2023 fue citado a la oficina de su ex jefa, donde le contaron que uno de los contratistas que prestan servicio a la Fundación, alegó haber dejado de recibir 12 trabajos, por lo que se encontraba en una situación de grave insolvencia económica.
Negocios en conjunto y beneficiados en tratos directos
En esa denuncia, el contratista señaló que sabía que desde hace años los integrantes del Departamento de Espacios Físicos Educativos de la fundación tenían ciertos “tratos” con algunos contratistas locales, tales como negocios en conjunto, facilitación de materiales de la construcción para proyectos personales, entre otros. Y que por ello eran beneficiados en los tratos directos y en el aumento de precio por los servicios convenidos.
A modo de prueba, se habría exhibido la copia de una escritura de compra venta de parcelas de 2018, donde los socios compradores eran el representante legal de una constructora, contratista frecuente de la fundación, y el jefe del departamento de espacios físicos educativos de Integra.
Según Solar, en ese mismo momento mencionó que esa era una denuncia gravísima y que debían informar de inmediato a la dirección jurídica. Además, sugirió que se solicite un estudio comparativo básico de finanzas sobre los contratos otorgados a dicha empresa constructora, desde 2018 en adelante (año de la escritura de la sociedad) para así contrastar sus resultados con el resto de los contratistas de la región.
También agrega que, una vez hecho este estudio, se concluyó preliminarmente que desde 2018 en adelante, la constructora mencionada tenía asignados recursos por trato directo por más de 1.430 millones de pesos, teniendo el segundo contratista más regular de la región asignados trabajos solo por 400 millones. Es decir, una diferencia de aproximadamente mil millones en favor de la constructora denunciada.
Además, habrían comprobado que a la fecha la sociedad entre ambas partes se encontraba vigente.
El entonces funcionario agregó que todos estos antecedentes fueron informados al director jurídico, quien —a su vez— solicitó el pronunciamiento de la contralora de Integra y esta última habría respondido que el hecho es grave y que podía revestir un posible delito de corrupción entre particulares, por lo que tenían que tener una reunión entre todos los involucrados.
Según el abogado Solar, pese a que se había agendado dicho encuentro, este no se hizo porque el director jurídico presentó licencia médica.
Omisión de jefatura
Como no se volvió a fijar una nueva fecha, junto a otra abogada que trabajaba junto a él habrían aconsejado a la directora regional de Integra, Paola Contreras, que insista en la solicitud de reunión porque los plazos para iniciar una investigación interna eran de solo 30 días y Contreras le habría mencionado que no obtenía respuesta.
Más adelante, a principio de mayo, en medio de una reunión por otros temas, la abogada que trabajaba con Solar habría reiterado el tema, ante lo cual Contreras le habría pedido al —ahora— extrabajador que al término de dicha reunión se quede en la oficina para hablar de forma privada con él.
Según reveló, en dicha instancia fue reprendido por Contreras, quien le indicó que ella había ordenado que esto se mantuviera en secreto y que había perdido su confianza, ya que su colega del área jurídica se encontraba con contrato a plazo y podía llevarse información muy delicada que podría perjudicar tanto a la fundación como a ella como directora.
Además, Contreras le habría mencionado que el funcionario denunciado tendría “cierta ascendencia” en la dirección regional y no quería tener problemas con la pareja de él, quien en esa fecha tenía un cargo en el sindicato.
Con el paso de los días, el 8 de mayo, Solar dejó una constancia en la página web de la Dirección del Trabajo, donde habría relatado estos mismos hechos.
El asesor jurídico además aseguró que el 25 de agosto solicitó una nueva reunión con la directora regional para reiterar su interés en que los hechos se investiguen. En esa oportunidad, Contreras le habría dicho que se hizo una auditoría, pero aún no había resultados; pero él estimaba que lo que correspondía era una investigación interna.
Para Solar, todo lo anteriormente expuesto, era una grave omisión de su jefatura al no adoptar medidas para investigar eventuales irregularidades o faltas a la probidad, situación que —a su juicio— pondrían en riesgo su ejercicio profesional, por lo que decidió autodespedirse.
Pero este no es el único hecho. En el juicio Solar expuso que con la llegada de Gabriel Boric a la Presidencia, se despidió a la antigua directora regional y se designó a un funcionario en calidad de director interino, pese a que este tenía denuncias en su contra por presuntamente mantener tratos ocultos con contratistas para obtener favores personales.
Además, se expuso que en 2022 se habría realizado un doble pago de una factura, documento que ya había sido factorizado.
Integra tildó de “inverosímil” la acusación
Esto es solo un porcentaje de los hechos relatados en el juicio laboral, donde el abogado que defendió a la Fundación Integra negó rotundamente gran parte de las acusaciones, asegurando que el relato del denunciante es “inverosímil y tergiversado” para intentar hacer creer al Tribunal que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y así obtener pagos de dinero.
En el juicio laboral, la Fundación confirmó que se recibió la denuncia y aseguraron que se realizó un análisis regional y que todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento del nivel central. Ese proceso estuvo a cargo de una abogada de la dirección jurídica cuando Solar estaba con reposo, por lo tanto, consideran que no hubo inacción como lo manifiesta el demandante.
Este relato fue conocido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, que no tiene competencias para investigar la veracidad de lo mencionado. Por lo tanto, en su sentencia, la jueza Inge Müller Méndez mencionó que, habiendo tomado conocimiento de la eventual comisión de hechos con características de delito, oficiará al Ministerio Público para la investigación de los mismos.
Radio Bío Bío en Valdivia intentó entrevistar a algún representante de la Fundación Integra para saber qué acciones seguirán ante esta acusación, sin obtener una respuesta hasta la publicación de este artículo.