Sin condenas han concluido las investigaciones iniciadas en la región de Los Ríos contra funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) por hechos ocurridos en el denominado estallido social.

Son más de 165 las querellas que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra agentes del Estado, por distintos hechos denunciados por civiles en el marco de las manifestaciones que se concentraron entre el 18 de octubre del 2019 y marzo del 2020.

Según el jefe regional del INDH, Sebastián Smart, entre los denunciantes hay 7 personas que recibieron impactos de proyectiles en zonas peri oculares, lo que provocó que quedaran con disminución en su visión o ceguera.

Al juicio de Smart, estas investigaciones han sido sumamente lentas.

“Las causas han avanzado lento, a las fechas no tenemos condenas de funcionarios que hayan estado involucrados en las protestas del 18 de octubre del 2019 (…) sí hay personas, funcionarios y ex funcionarios que están imputados, es decir, que ya se determinó quienes son esas personas, pero no hay condena”, explicó.

Smart indicó que en aproximadamente el 75% de las causas el Ministerio Público decidió no perseverar. Además mencionó que aunque las pruebas han permitido comprobar que hubo funcionarios públicos involucrados en las agresiones, no se ha logrado determinar quién fue el que cometió el delito.

bajo este mismo contexto, el representante del INDH también cuestionó el programa de reparación porque es muy centralizado, por ejemplo, una víctima de trauma ocular tiene viajar a la región Metropolitana para recibir un tratamiento adecuado.

Más de 3 años han pasado desde la revuelta social y de las 165 querellas presentadas por el INDH, solo 9 serán formalizadas.