La Contraloría de Los Lagos instruyó a la Municipalidad de Ancud reincorporar en su cargo a Pamela Maldonado Velásquez, quien fue desvinculada en abril de este año mientras se encontraba amparada por fuero maternal.
La profesional ejercía como directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) desde agosto de 2022, y fue apartada del cargo a través de una solicitud de renuncia no voluntaria, pese a que legalmente no podía ser removida sin una autorización judicial.
En ese sentido, el órgano fiscalizador determinó que tanto la solicitud de renuncia, como la declaración de vacancia del cargo y el nombramiento de una nueva directora mediante decretos alcaldicios, fueron actos improcedentes, ya que vulneran lo establecido en el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
En concreto, la normativa vigente establece una protección laboral especial durante el embarazo y hasta más de un año después del parto. Por ello, Maldonado Velásquez se encontraba protegida por ley. En tanto, la situación fue advertida al actual alcalde por la directora subrogante de control interno, quien fundamentó que los actos administrativos en este caso fueron arbitrarios e ilegales.
Reacción tras lo instruido por Contraloría
La afectada aseguró que seguirá adelante con su demanda, por todas las consecuencias que esto le ha generado. Además, acusó que “acá hay una discriminación hacia la maternidad, que nadie tiene que aguantar ni tolerar”.
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Por otra parte, el concejal Pablo Vargas indicó que ediles no fueron informados de lo ocurrido ni menos de las acciones que realizará el municipio por este caso.
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Las medidas a tomar por el municipio de Ancud
Así las cosas, la Contraloría ordenó al municipio adoptar las medidas necesarias para restituir a la funcionaria en sus funciones, además de pagarle todas las remuneraciones correspondientes al tiempo en que estuvo separada de su cargo.
De manera paralela, la afectada mantiene una demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo en contra de la administración del alcalde Andrés Ojeda, por vulneración de derechos fundamentales.
Hasta el momento, se desconoce si la municipalidad informó a la entidad fiscalizadora sobre el cumplimiento de estas instrucciones, ya que consultados por La Radio sobre este tema, desde la casa edilicia declinaron referirse, aduciendo que es un caso que está en revisión de sus abogados.