Representantes de los 16 gobiernos regionales del país se reunieron en el Segundo Foro para la Descentralización, que tuvo lugar en Puerto Montt.
La primera sesión de esta instancia, que busca generar una hoja de ruta común para el traspaso de competencias desde el Ejecutivo, se hizo a la espera del presidente Boric y parte del Gabinete.
El presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile y dueño de casa, Patricio Vallespín, señaló que los equipos trabajaron en presupuesto y niveles de autonomía.
“Otro grupo estuvo trabajando en las competencias que creemos más pertinentes transferir en materias de fomento económico, ordenamiento territorial y desarrollo social y cultural”, agregó.
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Además, sostuvo que el tutelaje del nivel central es inaceptable, ya que el 25% de lo que se firma en la Dirección de Presupuestos corresponde a temas vinculados a los gobiernos regionales.
Estos temas se conversarán mañana en la comuna de Frutillar, donde se concretará una reunión con la presencia del jefe de Estado, quien se encontraba en Colombia por la asunción de Gustavo Petro.
Traspaso de competencias: énfasis en presupuesto y cierta autonomía
Por su parte, el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, afirmó que la descentralización permitiría que las necesidades de la ciudadanía se resolvieran de una manera más rápida.
“Y que las soluciones no sean estandarizadas a lo largo del país, porque no somos iguales las personas que vivimos en todo el país. Nuestras problemáticas son distintas”, explicó.
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Su par de La Araucanía, Luciano Rivas, dijo que son ellos quienes conocen la realidad de sus respectivos territorios. “Somos a quienes les llegan a tocar la puerta los alcaldes y eso tenemos que traspasar al nivel central”, dijo.
En ese sentido, aseveró que el traspaso de competencias tiene que ser “cada vez más abundante y eficiente”, y puso énfasis en la flexibilidad presupuestaria.
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Algunas de las competencias que tienen actualmente son gestionar los bienes y recursos del gobierno regional; representar judicialmente y extrajudicialmente, nombrar y remover funcionarios y velar por el cumplimiento de las normas de probidad; administrar los bienes nacionales de uso público cuando corresponda; y dictar resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio.