La Municipalidad de Pucón reconoció el preinforme de la Contraloría por el caso denominado “sobresueldos”, que involucra a asesores cercanos al alcalde de Evópoli, Sebastián Álvarez. El documento habría detectado un “detrimento” al patrimonio público de la comuna.
Se trata de una investigación que desarrolla el organismo tras recibir una denuncia anónima, a través de la cual se indicaba del pago de abultadas remuneraciones y pagos de bonos en mayo que no habría correspondido depositar a los funcionarios.
Documentos de Contraloría apuntan al periodista y asesor de comunicaciones, Jefferson Adaro, con un sueldo líquido que para ese mes fue cercano a los 4 millones de pesos.
También el jefe de Control y asesor Contable, Iván Soriano, con unos 5 millones pesos. Además de quien es presentado como asesor experto en el área de Riesgo y Desastre, Esteban Backit, con más de 3,5 millones.
Una investigación que la Contraloría desarrolla desde junio y que la semana pasada arrojó luces de posibles irregularidades en la Municipalidad de Pucón, apuntando a un eventual detrimento del patrimonio público.
Millonarios sobresueldos
Concejales de la comuna han solicitado acceso al preinforme, que hasta el momento sería reservado, sin tener éxito. Así lo denunció la edil del Frente Amplio, Verónica Castillo.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Por su parte, el concejal de RN, Emilio Ulloa, espera que el alcalde de explicaciones de por qué se pagaron estos sueldos abultados.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
A través de un comunicado, la Municipalidad de Pucón reconoció haber recepcionado el preinforme de la Contraloría, indicando que todos los antecedentes están a disposición del organismo.
Añaden que el documento recibido tiene carácter de preliminar y por lo mismo están en proceso de responder a “cabalidad” dentro de los plazos legales “aportando toda la información y justificaciones necesarias para aclarar los puntos señalados”.
En tanto, reafirman su “convicción de que todas las acciones y decisiones administrativas llevadas a cabo se han ajustado a la normativa vigente”.
Ahora el alcalde Sebastián Álvarez y su equipo tienen ocho días de plazo para responder el preinforme. Tras ello vendrá el informe final de Contraloría que definirá las acciones administrativas y de otro tipo que se puedan seguir.