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La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó las sentencias a trece militares en retiro, que en 1973 pertenecían al Regimiento Húsares de Angol, y que fueron condenados por los homicidios calificados, en carácter de lesa humanidad, de un estudiante universitario y un alumno de enseñanza media en dicho año.
Además, la Corte confirmó que el fisco debe pagar una indemnización de $300 millones a la familia de una de las víctimas, por concepto de daño moral.
La sentencia ahora confirmada fue dictada por el ministro en visita para causas de violaciones a los DDHH, Álvaro Mesa, tras la investigación derivada de los homicidios calificados de Ricardo Gustavo Rioseco Montoya (22) y Luis Raúl Cotal Álvarez (14); quienes fueron ejecutados en Angol el 4 de octubre de 1973, tras ser detenidos luego de que se oyera un disparo fuera del regimiento Húsares.
El detalle de la sentencia a los 13 militares en retiro
En el detalle, la sentencia fue confirmada respecto del entonces teniente del Ejército, Germán Eduardo Ojeda Bennett, además de los subtenientes de la época, Carlos Patricio Bunster Medina, Alejo César Tisi Gómez, Jorge Alberto Lagos Robles, Alessandro Ernesto Cartoni Pruzzo, Manuel Arturo Montero Souper y Eduardo Humberto Carrasco Hauenstein, a quienes se suma el cabo José Omar Correa Martínez.
Para ellos, el tribunal de alzada rebajó las penas de 19 años a 15 años y un día de presidio, por la responsabilidad de los condenados en los homicidios calificados en carácter de lesa humanidad.
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Además, en fallo de mayoría, la Segunda Sala del tribunal de alzada modificó la sentencia de 15 años y un día al otrora soldado conscripto Luis Alejandro Toledo Osses, por una de 5 años de presidio.
Por otra parte, los subtenientes Eduardo Humberto Carrasco Hauenstein y Gabriel Enrique Fuentes Campusano, el teniente Carlos Alberto Campusano Osorio, el cabo primero Mario Hernán Tapia Sepúlveda y el soldado conscripto José Liborio Lavín Leiva, deberán purgar penas de 3 años y un día de presidio, en calidad de encubridores de los homicidios.
Indemnización a familia de ejecutado
Finalmente, en el ámbito civil, el tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada. Esto es el pago de una indemnización de $300 millones de pesos por concepto de daño moral a familiares de la víctima Cotal Álvarez.