Reafirmando sus dichos en contra del capitalismo, enfatizando en su rol de werkén o vocero, y definiéndose como un preso político mapuche perseguido por sus ideas, Héctor LLaitul Carillanca, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), declaró en el inicio del juicio en su contra por diversos delitos, entre ellos infracción a la ley de Seguridad Interior.
Luego de que la jueza presidenta de la Sala del Tribunal Oral de Temuco, Rocío Pinilla, leyera la acusación en contra de Héctor Javier Llaitul Carrillanca y se oyeran los alegatos de apertura, el dirigente mapuche usó su derecho a declarar.
Llaitul dice que es un “prisionero político”
En la instancia, el comunero indicó “yo soy mapuche y en mi calidad de vocero, de werkén de una organización mapuche, que es parte del movimiento mapuche, estoy siendo nuevamente procesado y se busca de parte de la institucionalidad chilena una condena respecto de lo que yo represento”.
Llaitul dijo que se está haciendo una persecución de las ideas y reiteró que es un “prisionero político por parte del Estado chileno”. También cuestionó que sea en tribunales que se aborde un tema que debería resolver la institucionalidad.
“Soy perseguido por expresar ideas, planteamientos políticos o culturales relacionados precisamente con el conflicto entre el pueblo nación mapuche y Estado chileno”, aseveró en el tribunal.
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“Aquí sigue habiendo un choque de cultura, no nos podemos entender entre los mapuche y los no mapuche, o la sociedad chilena y el pueblo nación mapuche, porque parece que la reivindicación de la nación mapuche ya es sujeto de prejuicios, rencores, antagonismo y tal vez de guerra, porque la guerra no la declaramos nosotros, la guerra fue declarada”, acusó.
Por su parte, el fiscal regional Roberto Garrido, junto con precisar que se ha presentado una acusación técnica, con base en elementos de prueba que acreditan los delitos invocados, detalló la pena que arriesga Llaitul, en caso de ser declarado culpable.
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El juicio se extenderá por 29 jornada, donde la fiscalía fundamentará su acusación por los delitos de incitación y apología a la violencia de la Ley de Seguridad del Estado, usurpación, hurto de madera y atentado a la autoridad.