La defensa de la propietaria del camping involucrado en una “funa” por expulsar a dos jóvenes del Lago Budi, en Puerto Saavedra, apuntó a que el Ministerio de Bienes Nacionales tomó una decisión sin realizar un estudio y una consulta indígena, señalando que el lugar es habitado por una comunidad mapuche.

El pasado 2 de enero, posterior a las celebraciones de Año Nuevo, la ministra Marcela Sandoval, tras una fiscalización realizada al Camping Rayen Lafken, informó que se debía fijar un acceso al Lago Budi, tras un registro viralizado en redes sociales, donde se observa a la propietaria del predio echando a dos jóvenes.

Pero este anuncio podría tener una gran piedra de tope, ya que el abogado defensor de la involucrada, Marco Huenchuñir, advirtió que en este sector habita una comunidad indígena, señalando que no se hizo ninguna consulta ni estudio de impacto ambiental.

No realizar lo anterior, agregó, implicaría una infracción al convenio 169 de la OIT, del cual suscribe el Estado de Chile.

La respuesta la entregó la seremi de Bienes Nacionales en La Araucanía, Ámbar Castro, quien desestimó que el predio de la propietaria tenga calidad indígena.

Hasta el momento, el Gobierno deberá seguir adelante con el proceso anunciado, que contempla la citación de las partes involucradas en el caso, a fin de fijar un trazado de libre acceso al Lago Budi.