En medio de la operación “Ruta del Abuso”, ejecutada por la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía, seis sujetos de La Serena, Coquimbo y Ovalle fueron detenidos el pasado miércoles 15 de diciembre.

Todos fueron acusados de integrar una red dedicada al almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil.

De los implicados, uno es un docente de Ovalle que trabaja como asesor técnico y administrativo de los equipos de gestión de los establecimientos educacionales de la comuna.

Sin embargo, no ejercía sus funciones en contacto directo con estudiantes, sino con equipos docentes, según afirman desde el Departamento de Educación local.

520 mil fotografías y 8 mil videos>

Según logró establecer la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y la Brigada del Cibercrimen Metropolitano de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público, el abundante contenido informático ilegal se almacenaba y distribuía por Internet en diversos domicilios de la región de Coquimbo.

Las indagatorias se realizan en varias regiones del país, con el apoyo de la agencia federal de investigación criminal de los Estados Unidos, FBI.

“Este procedimiento exitoso se obtiene con el trabajo de nuestras unidades especializadas junto al Ministerio Público y con el apoyo del FBI, a través de una plataforma informática que nos permitió detectar los domicilios específicos en nuestra región, donde se cometían estos delitos”, señaló el subprefecto Carlos Albornoz, jefe de la Prefectura Provincial Elqui de la PDI.

Más de 520 mil fotografías y 8 mil videos con niños, niñas y adolescentes víctimas de agresiones sexuales explícitas, son parte de la incautación que los sujetos contenían en diversos dispositivos informáticos, como discos duros, pendrives, discos compactos, DVD, computadores y teléfonos móviles, entre otras especies relacionadas con estos delitos.

“La investigación se está iniciando, por el momento hay almacenamiento como distribución de material pornográfico infantil”, detalló el fiscal regional (s), Claudio Correa.

“Si existen otros delitos, como la producción local, si hay conexiones entre ellos o si pertenecen a alguna red, es parte de la investigación”, agregó .

“Se está analizando y hay bastante material que será debidamente sometido a peritajes, lo importante es dar tranquilidad que estamos ocupados investigando todos aquellos delitos que afecten a niños niñas y adolescentes”, expresó.

Papel internacional: la colaboración del FBI

Sería una primera alerta del FBI de los Estados Unidos, la que encendería las alarmas en el país y en la región de Coquimbo. Desde esa oficina de investigaciones norteamericana se informó que, tras un rastreo y un proceso de cyberpatrullaje, se detectó la red en la zona.

Incluso, identificaron cuáles serían las direcciones IP o domicilios digitales desde donde se estaba obteniendo el material. Esto, siguiendo las huellas dejadas por las descargas realizadas a través de archivos “torrents”.

En ese tipo de plataformas se debe abrir una carpeta para insertar material y ponerlo a disposición de otros, y al mismo tiempo, tener la oportunidad de acceder a material “liberado” por otros usuarios de la red. Así, se van compartiendo todo tipo de archivos, desde películas hasta música, y en este caso, material pornográfico.

Al rastrear el camino de los archivos digitales, los investigadores identificaron diez direcciones IP en la región, entre las cuales lograron acreditar el delito en seis de ellas. Actualmente, se investiga si existía vinculación directa entre los imputados, y su grado de participación en la red.

En total serían dos profesores –uno de historia y uno de biología-, un ingeniero en telecomunicaciones, un albañil, un prevencionista de riesgo y un guardia de seguridad, quienes tienen entre 25 y 50 años.

Los sujetos fueron formalizados y quedaron apercibidos, siendo dejados en libertad mientras se investiga, con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. El plazo para las indagatorias es de 120 días.

Separan del cargo al docente involucrado

En tanto, y ante la consulta de Diario El Ovallino, desde el Departamento de Educación de Ovalle confirmaron que uno de los detenidos es un funcionario de dicha repartición, identificado con las iniciales R.A.C.C.

“Es efectivamente funcionario de esta dependencia. Sus funciones son asesorar técnica y administrativamente a los equipos de gestión de los establecimientos educacionales, y sus labores no implican en caso alguno el trabajo directo con estudiantes”, indicaron.

Por otro lado, señalaron que ante la gravedad del delito que se le imputa, se decretó un sumario administrativo, así como también se ordenará apartarlo de sus funciones mientras dure el proceso.

“El Municipio condena tajantemente actos tan repudiables como lo son el abuso sexual y el almacenamiento de pornografía infantil, y declara abiertamente que se encuentra a disposición de los Tribunales de Justicia, del Ministerio Público, y de la Policía de Investigaciones para colaborar en el proceso judicial, con el fin de castigar penalmente a los responsables y asimismo proteger y resguardar los derechos de nuestros niños”, agregaron.

Exigencia laboral

Por su parte, la concejala Fanny Vega, presidenta de la comisión de Educación del Concejo Municipal de Ovalle, expresó la preocupación de docentes y profesores a raíz de esta noticia e indicó que buscarán pedir que las evaluaciones para contratar a nuevo personal sea más rigurosa.

“Vamos a analizar la situación y ver cómo podemos proponer ser más rigurosos en el ingreso del personal”, advirtió.

“Los profesores están muy preocupados de la situación, creo que debemos revisar cómo ha sido el proceso hasta ahora, para que no vuelvan a ocurrir hechos así”, señaló la edil.