CONTEXTO | Agencia UNO

Arraigo nacional a carabineros acusados de apremios ilegítimos y falsificación de documento público

Por Manuel Cabrera
Con información de Fiscalía.

02 julio 2021 | 19:09

Con arraigo nacional quedaron dos funcionarios de Carabineros de la comuna de Vallenar, tras ser formalizados por los delitos de apremios ilegítimos y falsificación de documento público.

Lo anterior, por hechos ocurridos en la ciudad ya señalada en los años 2018 y 2019.

Según lo informado por el fiscal jefe de esta ciudad, Nicolás Zolezzi Briones, el 2 de diciembre de 2018, luego de una persecución vehicular tras un control de rutina en el centro de la comuna, los dos ocupantes del móvil -un hombre y una mujer mayores de edad- fueron detenidos en el sector rural de Chañar Blanco.

Acto seguido, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalía “hasta este lugar llegó la sargento segundo imputada en este caso, ocasión en que portando un objeto contundente, y mientras el conductor del vehículo ya se encontraba detenido y reducido por otros carabineros, fue lanzado al suelo para luego ser agredido por la funcionaria a cargo del procedimiento en distintas partes del cuerpo”.

Debido a esto último, la víctima resultó con “policontusiones, erosiones cervicales y trauma facial, clínicamente leves de acuerdo a la constatación de lesiones”, lo que fue calificado por el Ministerio Público como apremios ilegítimos.

En esa línea, al llegar a la Tercera Comisaría de Vallenar, la funcionaria policial se habría concertado con un Cabo Segundo para cambiar -en el informe respectivo- el lugar de la aprehensión de los ocupantes del móvil.

A su vez, de acuerdo a lo precisado por la Fiscalía, la acusada habría reiterado su actuar el 20 de abril del 2019, jornada en que un detenido fue llevado hasta la comisaría ya mencionada, ocasión en que “mientras el detenido era bajado del carro policial, la imputada golpeó con su rodilla uno de los ojos del afectado, además de golpes de pies y puño en distintas partes del cuerpo”.

Asimismo, se decretó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación respectiva, mientras que la funcionaria acusada quedó con prohibición de acercarse a los afectados por los apremios imputados.