La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) manifestó su profunda preocupación y su enérgico rechazo frente a los hechos ocurridos este jueves en la Corte de Apelaciones de Arica. En dichos eventos, su asociado y Administrador del tribunal de alzada, Raúl Marchant Lira, fue víctima de una agresión perpetrada por otro funcionario judicial, el que fue abatido por funcionarios de Carabineros y Gendarmería.
Aprajud señaló, por medio de una declaración pública, que este episodio constituye una vulneración directa a los principios rectores de la función pública, como la probidad, el buen trato, la seguridad laboral y el resguardo del servicio judicial. La asociación afirmó que el “caso evidencia graves fallas estructurales” que las autoridades del Poder Judicial y del Estado deben abordar con urgencia, exhortaron.
La organización gremial confirmó que las investigaciones administrativas y penales ya fueron dispuestas por los ministros de la Corte de Arica y por la Fiscalía Regional. Aprajud exigió que estas “indagatorias esclarezcan con total exhaustividad las circunstancias que rodearon los hechos, determinen responsabilidades y apliquen las sanciones que correspondan” dentro del marco del derecho.
Asimismo, Aprajud expresó su apoyo, solidaridad y disposición de acompañamiento a la familia de su asociado Raúl Marchant. La agrupación espera su pronta recuperación, con acceso a toda la atención médica y psicológica que su estado de salud requiera.
Problema que trasciende el hecho puntual
Al mismo tiempo, la asociación envió sus condolencias a la familia del funcionario agresor, quien falleció abatido por uniformados. “Ningún hecho de esta naturaleza puede comprenderse sin considerar las múltiples dimensiones personales, psicológicas y laborales involucradas”, indicó Aprajud. En esa línea, reiteraron su respeto hacia su familia, quienes también enfrentan un profundo dolor que merece acompañamiento.
Aprajud declaró que los hechos acontecidos en Arica vuelven a poner en evidencia problemáticas que han denunciado por años. El primero es las graves deficiencias en la protección de la salud mental de los funcionarios judiciales, que requieren una “respuesta institucional robusta, preventiva y permanente”.
El segundo punto que destacó la asociación es la sobrecarga laboral y escasez de dotación. Aprajud calificó esta realidad como crítica, considerando que el “número de funcionarios se mantiene prácticamente igual al de hace 25 años”, mientras la demanda judicial aumenta en todas las materias.
Fallas en los mecanismos de prevención
Como tercer problema estructural, Aprajud enumeró la falta de mecanismos eficaces para identificar oportunamente riesgos psicosociales en los equipos de trabajo. La asociación afirmó que la ACHS y las autoridades administrativas deben “actuar con mayor rigor e inmediatez” en esta materia.
En cuarto lugar, la agrupación planteó la necesidad de analizar, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la eventual aplicación de la Ley Karin. Esto, considerando la gravedad del episodio y la obligación estatal de garantizar ambientes laborales seguros y libres de violencia.
En concordancia con lo anterior, Aprajud reafirmó su “histórica” exigencia respecto de la “urgente separación de funciones jurisdiccionales y administrativas en los tribunales del país“. La estructura actual, según ellos, sigue exponiendo a los equipos judiciales a tensiones y conflictos que podrían evitarse con una organización moderna y eficiente.
Aprajud espera que lo ocurrido en Arica sea una advertencia seria para el debate legislativo que se desarrolla en la Comisión de Constitución del Senado.
Finalmente, la asociación afirmó que su prioridad inmediata es la salud y recuperación de su asociado. Sin embargo, advirtió que no omitirá señalar que las “condiciones actuales de trabajo son incompatibles con el servicio de justicia” que el país exige. Mencionaron que estas están marcadas por aumento de cargas, exposición a riesgos psicosociales y falta de dotación adecuada.
Ante ello, Aprajud instó a las autoridades de los tres poderes del Estado a asumir su responsabilidad institucional y legal.