La Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió un duro cuestionamiento a la Policía de Investigaciones (PDI) en el fallo que declaró ilegales las escuchas telefónicas contra Josefina Huneeus, exesposa del cofundador de ProCultura, Alberto Larraín.
El fallo, de 46 páginas, rechazó las explicaciones de los agentes por demorar casi dos semanas en reconocer que la voz interceptada pertenecía a Huneeus y no a Larraín.
En esa línea, el tribunal señaló que “resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina”.
Agregó que las justificaciones presentadas por la PDI “subestiman la inteligencia, no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República”. El texto judicial subraya que estas actuaciones no pueden validar la intervención telefónica.
En concreto, la Corte desestimó el argumento de la “objetividad” invocado por los agentes para explicar el retraso en identificar a Huneeus. “No pueden aceptar las explicaciones dadas (…) cuando se pretende que el tribunal admita que los agentes a cargo tardaron casi dos semanas en ‘advertir’, ‘comprobar’ o ‘darse cuenta’ de que el usuario no era Larraín”, sostuvo el fallo.
La defensa de Huneeus, liderada por Alejandro Awad, destacó que el tribunal expuso la inconsistencia de las actuaciones policiales. “Las interceptaciones se realizaron sin transparencia y con una negligencia inaceptable. La Corte lo dejó en evidencia”, afirmó el abogado.
Fiscal Cooper y la PDI bajo escrutinio
El fallo también apuntó al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien autorizó la medida sin revelar que el teléfono intervenido correspondía a una testigo. La Corte ordenó eliminar todas las comunicaciones obtenidas, incluidas aquellas con el Presidente Gabriel Boric, por carecer de validez legal.
“Desconocemos el tono de voz de la amparada y del imputado Larraín, pero la explicación policial es insostenible”, insistió el tribunal. En esa línea, la resolución enfatizó que la demora en identificar a Huneeus refleja una grave falta de rigurosidad en la ejecución de la medida, lo que agrava la vulneración de derechos fundamentales.
La defensa reforzó que las escuchas carecían de interés criminalístico y se basaron en información parcial. Mientras que con este revés, el caso ProCultura pierde evidencias clave, mientras el fallo sienta un precedente sobre los límites de las intervenciones telefónicas.