El debate por el financiamiento de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU abrió un nuevo flanco político entre los presidenciables, luego que Johannes Kaiser y Franco Parisi rechazaran el uso de fondos públicos, mientras que el independiente Harold Mayne-Nicholls defendió que el país sí debiera respaldar una candidatura de esa relevancia.

El debate sobre el financiamiento de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU volvió a instalarse tras los dichos del Gobierno, que acusó a la oposición de querer “mellar” la postulación.

Desde La Moneda aseguraron que los gastos asociados provienen de una glosa ya aprobada dentro del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin crear una partida especial. Sin embargo, no se ha precisado el monto exacto ni cuándo fue incorporada esa glosa, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Recordemos que la candidatura, además, implica una serie de viajes internacionales, alojamiento y traslados que suponen un alto costo para el Estado.

Al respecto, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que el Ejecutivo deberá responder por el uso de recursos fiscales, advirtiendo que si se gastan fondos públicos sin claridad, se exigirán responsabilidades políticas y legales.

Por su parte, Franco Parisi, del Partido de la Gente, manifestó que no cree en el rol de la ONU y que el Estado no debiera destinar dinero a esa candidatura.

Si bien reconoció la trayectoria de Bachelet, afirmó que “Chile tiene otras prioridades” y que los costos de la campaña internacional deben ser asumidos por la propia exmandataria, incluyendo pasajes y estadías.

En una posición opuesta, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls defendió que el país sí debe respaldar una postulación de esa relevancia.

Aseguró que una figura como Bachelet proyecta una imagen positiva de Chile ante el mundo y que, por lo mismo, el Estado debiera financiar parte de la campaña, siempre que el Ejecutivo y el Congreso lo evalúen como un beneficio para la diplomacia nacional.

Así las cosas, la presión política irá en aumento a medida que avance la tramitación, teniendo en cuenta que la definición sobre la Secretaría General de la ONU será en 2026.