El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó los principales puntos del proyecto que crea el nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) y pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), junto con los debates que se han abierto en torno a su tramitación, como el copago, la autonomía universitaria y los cuestionamientos de las instituciones privadas.

La iniciativa enfrenta reparos de expertos por su viabilidad fiscal y el posible impacto en la deuda pública, considerando que la eliminación de los aportes privados al copago aumentaría la presión sobre el gasto estatal. Para el ministro, este es un punto que deberá abordarse técnicamente, al igual que los topes al cobro posterior a los estudiantes.

“No podemos (el Ejecutivo) presentar indicaciones mientras no se vote la idea de legislar… Elementos como el copago, por ejemplo, vamos a tener que abrir esa discusión técnicamente. También el tema de los topes al cobro posterior a los estudiantes. Cuando entramos con el proyecto de ley no había tope (…) y este tema tiene un impacto fiscal”, señaló en entrevista con radio Duna.

Autonomía universitaria y financiamiento

Las universidades privadas han criticado el proyecto, argumentando que podría implicar una pérdida de autonomía al depender del FES y de la gratuidad. Al respecto, el ministro fue categórico:

“La autonomía no puede ser concebida solo como el derecho a cobrar. Es como concebir la libertad de enseñanza como el derecho de administrar escuelas. Cuando hay altos subsidios públicos, es poco sensato pensar que no haya ningún tipo de regulación al respecto. Regulación tendrá que haber.”

Cataldo reconoció que uno de los errores del CAE fue haber permitido una expansión sin control de calidad, algo que —asegura— no se repetirá con el nuevo modelo. “El sistema aprendió mucho después del CAE. Tenemos un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, por ejemplo, y eso es una primera garantía institucional respecto de que no vuelva a ocurrir lo que pasó con el CAE”, afirmó.

Además, detalló que el FES tendrá un mecanismo para controlar la tasa de uso, con el fin de evitar una expansión desmedida del crédito. “Por factores demográficos, no es sensato pensar que el sistema se va a seguir expandiendo, tal como ocurrió hace 20 años con el CAE, con una expansión inorgánica”, explicó.

Universidades privadas ante el Tribunal de la Libre Competencia

Esta semana se prevé que las universidades privadas recurran al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por lo que consideran una discriminación en el cálculo del arancel regulado y los aportes basales que el Estado entrega a las universidades públicas.

Cataldo rechazó que exista tal discriminación:

“Las diferencias de arancel regulado se producen por el nivel de acreditación de las instituciones, no por el origen de estas. La única discriminación que podría existir es que hay aportes basales que se entregan a las instituciones del CRUCH, pero que son legislaciones que se hicieron hace mucho tiempo.”

El ministro añadió que seguirán atentos a la decisión del tribunal: “Vamos a observar lo que haga el tribunal y lo que pase con este recurso. No hay mucho que podamos hacer excepto observar y prepararnos para lo que venga. Los aportes basales que reciben las instituciones del CRUCH tienen larga data y están creados por ley”.

“No debería haber ninguna razón para dilatar este proyecto”

Respecto de los plazos y la posibilidad de aprobar el proyecto durante este gobierno, el ministro fue enfático: “Consolidando un acuerdo técnico y político, no debería haber ninguna razón para dilatar este proyecto de ley. Es necesario superar el CAE”, afirmó.

En ese sentido, Cataldo reconoció que nunca estuvo de acuerdo con el CAE ni con la estructura final de la gratuidad, y apuntó directamente al papel de la banca en el actual modelo de financiamiento estudiantil.

“Hay elementos como el bajo interés que tienen los bancos que sostienen el modelo por participar en él (CAE). Todos los procesos licitatorios han tenido que contar con el ruego del Mineduc a la banca, y hace tiempo participa exclusivamente el BancoEstado.”

“Los bancos no tienen ningún riesgo porque participan con un sobreprecio que está pagando el Estado, y luego de ejecutada la deuda las paga el Fisco en una gran proporción”, finalizó.