La próxima semana, el Gobierno ingresará al Congreso una reforma constitucional, que permitirá al Presidente de la República desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera mediante decreto supremo, sin requerir la autorización periódica del Parlamento.
La iniciativa busca dar estabilidad y permanencia a un mecanismo que hoy depende de renovaciones cada 90 días y que ha sido clave para reforzar el control migratorio y enfrentar el crimen organizado.
Desde Roma, la ministra Segpres, Macarena Lobos, confirmó que el Ejecutivo avanzará con esta propuesta para fortalecer la protección de las zonas fronterizas, en medio de un debate político que cruza a oficialismo y oposición.
“Tal como lo dijo el Presidente, en los próximos días, como ustedes saben coincidió con que hizo el anuncio en Colchane el miércoles pasado, luego tuvimos el viaje, así que esperamos, volviendo a Chile, poder materializar el ingreso, ya la próxima semana”, confirmó la ministra.
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Reacciones parlamentarias
Desde la Comisión de Defensa de la Cámara, la oposición ya adelantó resistencia al proyecto que busca permitir el despliegue de militares en la frontera por decreto presidencial.
El diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, anunció que votará en contra de la iniciativa y acusó al Ejecutivo de intentar debilitar los contrapesos institucionales.
“Aquí hay contrapeso de poderes, esto no es un Gobierno hiperpresidencialista, aquí hay un parlamento”, enfatizó.
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Desde Chile Vamos, la diputada RN, Camila Flores, acusó al Ejecutivo de llegar “cuatro años tarde” con la reforma y de usarla con fines electorales.
Advirtió que el anuncio no puede quedarse en “un lindo titular” y emplazó al Gobierno a dar atribuciones reales y respaldo político a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI en la macrozona norte.
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En el oficialismo, la propuesta también está generando fisuras. En el Frente Amplio algunas voces critican el salto hacia una lógica más presidencialista, mientras que en el Partido Comunista —aliado habitual del Ejecutivo— surgen dudas sobre la constitucionalidad y el alcance del uso de las Fuerzas Armadas sin control parlamentario.
La reforma, que busca eliminar la obligación de renovar la autorización del Congreso cada 90 días, tensiona el acuerdo político interno y pone a prueba la cohesión del bloque que respalda al gobierno.