En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2026, la Contralora General, Dorothy Pérez, expuso ante la Segunda Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso. Durante su intervención, la autoridad detalló que el Ministerio de Hacienda rechazó la solicitud de recursos adicionales presentada por el organismo. Ante ello, Pérez reveló las posibles consecuencias que acarrearía para la Contraloría General de la República (CGR) la falta de este financiamiento.
La Contralora General subrayó dos solicitudes específicas que consideró claves para la operación de la institución. La primera es la incorporación de 10 profesionales destinados a reforzar la revisión de procesos sumariales. La segunda es la asignación de $1.200 millones adicionales a lo ya autorizado, recursos que se destinarían a la adquisición de licencias y al fortalecimiento del almacenamiento informático.
Dorothy Pérez fue enfática al señalar que “esos dos aspectos son críticos”. Explicó que la solicitud original de la Contraloría fue de un aumento presupuestario del 8,5%, pero que solo se autorizó un 1,5%. En esa línea, la autoridad reconoció la compleja situación presupuestaria del país y que no espera alcanzar la cifra inicial, pero recalcó la urgencia de estos dos puntos específicos.
“Nosotros solicitamos un aumento presupuestario de 8,5%. Sabemos que la situación presupuestaria del país es compleja y se nos autorizó un presupuesto de 1,5%, 7 puntos de diferencia y no estamos esperando alcanzar los 8,5% porque sabemos la situación, pero estos dos puntos que son 10 profesionales funcionarios adicionales a los 62 que nos autorizaron porque habíamos pedido 72 y los $1.200 millones que faltan para almacenamiento son realmente críticos para nosotros”, declaró Pérez.
Riesgos tecnológicos para Contraloría Dorothy Pérez
Del mismo modo, la Contralora enfatizó que, si bien se otorgan recursos para parte de las soluciones, el monto específico para el almacenamiento aún falta. Sobre este punto, lanzó una advertencia clara: “Efectivamente, se nos están otorgando recursos para una parte de esas soluciones, pero $1.200 millones están faltando y sin eso corremos el serio riesgo de que nuestras plataformas se caigan”.
Posteriormente, Pérez indicó que, tras priorizar la continuidad operacional y el cumplimiento legal de las obligaciones, se seleccionaron las necesidades más críticas. La gestión responsable y eficiente de los recursos es el eje orientador de lo expuesto por la Contralora. Por lo que la solicitud de recursos adicionales busca reforzar el personal en procedimientos disciplinarios y la fiscalización, así como fortalecer sistemas.
Uno de esos sistemas es el SISREC, el sistema de rendición electrónica de cuentas. La Contralora también se refirió a la necesidad de renovar y hacer crecer algunos activos tecnológicos para que las plataformas se puedan sostener. Relató que al inicio de su subrogancia solicitó un levantamiento del estado de todas las plataformas informáticas de la Contraloría.
“Cuando comencé la subrogancia yo solicité un levantamiento de todas las plataformas informáticas de la Contraloría para conocer su estado y había en algunas de ellas una situación bastante crítica y en otras, en términos de promedio, podemos decir que tenían un 50% de obsolescencia porque no se han podido tener los recursos a tiempo a través de los años para hacer las mantenciones necesarias”, explicó.
Un presupuesto que no sigue el ritmo de las demandas legales
Dorothy Pérez detalló que el proyecto de presupuesto para 2026 incorpora $115 mil millones, lo que representa un aumento de 1,5% versus el año 2025. Esta cifra se distribuye en dos líneas: $114 mil millones para la operación de la Contraloría y $1.421 millones para el fortalecimiento de SISREC.
Respecto al programa de fortalecimiento del SISREC, la Contralora informó que el Ministerio de Hacienda comunicó que este se dividiría en tres años. A renglón seguido, Pérez agradeció el apoyo, pero hizo una salvedad crucial: “Quiero en este punto hacer presente que la velocidad de aumento de rendición de cuentas no se distribuye en tres años”.
La autoridad argumentó que la legislación aprobada por el mismo Congreso Nacional ha exigido una rendición electrónica de cuentas en un mayor número de casos, incluyendo a ejecutores privados. “Esto se nos ha venido a nosotros encima como una ola”, afirmó, subrayando la dificultad de distribuir el refuerzo en un plazo tan extenso.
Es por esta razón que la Contraloría insiste en la necesidad de los $1.200 millones adicionales, que no están incluidos en el proyecto presentado al Congreso. Pérez precisó que estos recursos son “precisamente para almacenamiento informático, para recibir esa data, entre otras, para el SISREC”.
La Contralora Dorothy Pérez concluyó su presentación poniendo a disposición de la Comisión el detalle de la solicitud presupuestaria.