La Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea cuestionó el reciente fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción en contra de las compañías de telecomunicaciones Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR.
El máximo tribunal determinó que las firmas de telefonía incurrieron en una conducta omisiva al no responder o negarse a bloquear distintos sitios web de casas de apuestas online que operan ilegalmente en Chile, tales como Betano, Coolbet, JugaBet, Rojabet, Betsson, entre otros.
En una declaración pública, la agrupación advirtió que el dictamen “genera incertidumbre, contradice lo resuelto en la justicia penal y constituye un retroceso que no resuelve el problema de fondo: la falta de una ley clara que regule esta actividad”.
Desde el organismo recordaron que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el cierre definitivo de la investigación penal sobre el caso, y que el Ministerio Público optó por no perseverar en la causa. “Las apuestas en línea no están prohibidas en Chile ni constituyen delito”, enfatizaron.
En ese sentido, criticaron que la Corte Suprema —en fallo dividido— revocara la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en abril había rechazado el recurso de la Lotería de Concepción. “Se afirma que las apuestas en línea estarían proscritas en nuestra legislación, una afirmación carente de sustento normativo”, recalcaron.
Al respecto, la agrupación que reúne a casas de apuestas online ilegales emplazó al Congreso a hacerse cargo de la discusión.
“La responsabilidad de resolver esta situación no recae en los tribunales, sino en el Congreso. Chile necesita con urgencia una regulación moderna, como la que existe en más del 70% de los países de la OCDE, que otorgue certeza institucional, proteja a los consumidores y permita recaudar cerca de US$800 millones anuales para el Fisco, además de atraer inversión extranjera”, señalaron.
Asimismo, insistieron en que las plataformas de apuestas buscan operar bajo un marco regulatorio.
“Nuestra posición ha sido clara y consistente: queremos que esta actividad sea regulada en Chile. Las empresas que integran esta agrupación ya operan bajo exigentes marcos normativos en otros países, con políticas de protección a menores, resguardo de datos personales y prevención de lavado de activos”, sentenciaron.
Finalmente, recalcaron que continuarán promoviendo un marco legal “moderno, sostenible y equilibrado” que permita desarrollar esta industria en el país.