El abogado de Manuel Monsalve, el defensor penal Víctor Providel, abrió una intensa disputa entre la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, en el marco de la causa donde se investigan eventuales amenazas contra la denunciante de la exautoridad. La pugna continúa a la espera de la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia.

Mañana viernes 26 de septiembre vence el plazo para que el jefe del Ministerio Público tome una decisión respecto a la solicitud de inhabilitación de los dos persecutores que están investigando una de las aristas paralelas del caso Monsalve.

Lo anterior, específicamente, relacionada con amenazas y hostigamientos de una expareja de la denunciante del caso principal y que tiene como uno de sus imputados a Victor Providel, defensor del exsubsecretario.

La defensa de Providel, la defensora pública Marcela Araya, solicitó inhabilitar a los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir. Esto, acusando que vulnera el principio de objetividad, ya que son los mismos persecutores los que investigan ambas causas y que buscan impugnar e investigar a un abogado que es su contraparte.

Desde el gobierno buscaron poner paños fríos a este enfrentamiento entre las dos instituciones. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que son parte de las diferencias diarias que los enfrentan en tribunales.

Sin embargo, la defensora nacional Verónica Encina afirmó que esta acción de la Fiscalía no solo compromete a los defensores públicos, sino que representa un riesgo para toda la abogacía, ya que puede vulnerar principios fundamentales del ejercicio profesional.

Consultado por la solicitud de inhabilidad en su contra, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, fiel a su estilo, tuvo escuetas palabras a la salida del Consejo de Fiscales desarrollado esta jornada. “Lo tiene que resolver el fiscal nacional”, dijo.