El ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró que el Gobierno acatará la decisión de los tribunales, tras la serie de demandas que interpusieron funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), por un bono que no ha sido pagado.
De acuerdo a un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, se trata de 659 funcionarios y exfuncionarios que han recurrido a distintas Cortes de Apelaciones para exigir el pago íntegro de sus haberes.
Cabe destacar que dentro de los demandantes, se cuentan los exdirectores generales de la policía civil, como Sergio Muñoz y Héctor Espinosa.
Cordero y demandas de funcionarios PDI por bono: “El Ejecutivo no tiene más que asumir”
Consultado al respecto durante la mañana de este miércoles, el ministro Cordero sostuvo que “este es un asunto que tiene larga data, tiene muchos años, tiene un debate a propósito de un dictamen de la Contraloría y que finalmente los funcionarios y funcionarias de la policía de investigaciones han decidido judicializar hace algún tiempo”.
“El Ejecutivo no tiene más que asumir las decisiones jurisdiccionales, es un asunto respecto al cual el Ejecutivo hoy día no puede tomar ninguna decisión porque trabada la litis, el Ejecutivo no puede pronunciarse y de hecho, el dictamen de Contraloría sobre este punto ya se ha emitido”, explicó.
“Nosotros creemos que los errores de cálculo en el tema de asignaciones que no son nuevas en nuestro país, este es un tema que ya lleva bastantes años, tienen consecuencias en el patrimonio fiscal, que este es el mejor ejemplo”, lamentó.
En ese sentido, sostuvo que “por eso calcular bien las cuentas y, sobre todo, las asignaciones, es un factor que es bien relevante”.
“Pero el Gobierno, por ahora, es un asunto que viene muchos años con anterioridad, no tiene más que esperar a las resoluciones de la justicia”, concluyó Cordero.
Recordemos que en 2019, la Policía de Investigaciones (PDI) anunció un cambio en el cálculo de la gratificación de zona para funcionarios en ciudades extremas, beneficio que incrementa los haberes por laborar en zonas apartadas.
Sin embargo, el pago fue suspendido y enviado a consulta a la Contraloría, que en 2021 confirmó la corrección del método. Desde entonces, la PDI comenzó a pagar, aunque sin retroactividad, lo que generó la presentación de 659 recursos de protección en distintas Cortes del país.
La disputa se remonta a un error que se arrastra desde 1998, cuando no se incluyó correctamente la “Asignación de Especialidad de Grado Efectivo” en la base de cálculo.
Tras fallos de la Corte Suprema, 139 funcionarios y exfuncionarios ya han recibido pagos que superan los $996 millones, aunque muchos aún esperan resolución. La PDI, en tanto, insiste en un límite de retroactividad fijado en 2009, lo que sigue generando controversia.