PDI bajo fuego: 659 funcionarios demandan por bono mal pagado y la cuenta ya roza los $1.000 millones

En mayo de 2019 la Policía de Investigaciones (PDI) comunicó al personal la implementación de un mejoramiento en el cálculo de Gratificación de Zona para los funcionarios de todas las plantas que presentan servicios en unidades policiales asentadas en las ciudades “extremas”.

En simple, se le entrega un “bono” o incremento económico de un porcentaje en una parte de los haberes por realizar su labor en esta zona alejada. Pero al mes, la PDI suspendió el pago y envió el nuevo procedimiento a consulta a la Contraloría General de la República (CGR).

Hasta 2021, cuando se dio a conocer el dictamen N° E98928 de 2021 de la CGR donde se confirmó que el nuevo método de cálculo era el correcto. No obstante, la PDI no pagó retroactivamente sino que desde la emisión del dictamen el 26 de abril.

¿Qué sucedió? 659 funcionarios y exfuncionarios han presentado recursos de protección en las distintas Cortes de Apelaciones del país contra la PDI. Y a la fecha 139 ya han recibido las gratificaciones.

Error en el cálculo

El anuncio de la PDI de mayo de 2019 vino a corregir un error de cálculo que se habría cometido desde 1998. Es importante aclarar que la base normativa parte con el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1980 en el que se establece que el personal de la PDI está asimilado a la escala de sueldos y sistema de remuneraciones de Carabineros de Chile. Y para efectos de gratificación de zona, se aplica el artículo 46 del Estatuto del Personal de Carabineros, que establece que el cálculo debe considerar la totalidad de las remuneraciones, con ciertas exclusiones específicas.

Lo que sucedió es que en 1981, el Decreto de Ley N°3.551 creó la “asignación de Especialidad de Grado Efectivo” excluyendo del cálculo de la gratificación de zona, pero esto fue eliminado en la nueva regulación de 1998. Lo que fue confirmado por la Contraloría en 2015.

Pero no fue considerado por la PDI y todos los funcionarios con derecho a gratificación de zona, percibieron montos inferiores a los que correspondían. Hasta que en 2019 realizan el cambio del cálculo y recién en 2021 comienzan a pagar con normalidad.

Cortes de Apelaciones

La batalla judicial fue iniciada por dos ex funcionarios. Los que luego del dictamen de 2021 de la Contraloría recurrieron a la Corte de Apelaciones de Coyhaique solicitando el pago total de su gratificación.

En primera instancia les fue mal, y fue desestimado pero la Corte Suprema revocó la decisión y explica sus razones. “Se revoca la sentencia apelada de quince de junio dos mil veintitrés, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido en favor de don XXX y de don XXX, en contra de la Sección de Remuneraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, debiendo esta institución proceder al pago de la “Asignación de Grado Efectivo” con la gratificación de zona, por el período que media entre su ingreso a la institución…”.

Lo que hizo que muchos funcionarios en retiro y algunos aún activos ingresaran una ola de recursos de protección en diferentes Cortes de Apelaciones del país. A la fecha son 659 los recursos ingresados y solo 139 que han recibido el pago.

Pagos

Radio Bío Bío se acercó a la PDI para solicitar en detalle el número de personas que han recibido el pago, cuál ha sido el monto total que ha debido pagar la institución, y que les falta por pagar.

Indicaron que de los 139 que han recibido el pago, 59 son funcionarios activos y 80 no activos. Lo que se traduce en $404.129.474 a los que continúan en la PDI y $592.865.237 a aquellos que están fuera. Siendo un total de $996.994.711.

No obstante, aún quedan muchas personas que han ganado en tribunales pero que no han recibido el pago. Frente a esto desde la PDI señalaron que “La Policía de Investigaciones se encuentra dando cumplimiento a lo ordenado en las sentencias que disponen el pago, en la medida de que se reciban los fondos y autorizaciones de los organismos públicos correspondientes”.

Hay un tema que tiene inquietos a aquellos que aun no reciben el pago, es que la PDI ha indicado como fecha de corte del pago el 2009, lo que para muchos es injusto y distinto a lo que ha manifestado la Corte Suprema. Desde la institución argumentaron que: “Ello, puesto que el Decreto que rige la materia, esto es, el N° 135, que “APRUEBA REGLAMENTO DE ASIGNACIONES, SOBRESUELDOS, GRATIFICACIONES ESPECIALES Y OTROS DERECHOS ECONÓMICOS DEL PERSONAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE”, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Investigaciones, fue publicado el 06.NOV.009. Dicho Reglamento indica en su artículo 3, letra d), numeral 3, lo siguiente: “La gratificación de zona se calculará sobre el total de las remuneraciones, salvo las asignaciones de rancho y familiar y las otras excepciones legales”. Luego, tal como señala el Dictamen Nº E98928, de 26.ABR.021, remuneración es: “…cualquier contraprestación en dinero que el personal tiene derecho a percibir en razón de su empleo o función, tales como, sueldo base, asignaciones, sobresueldos, gratificaciones, bonificaciones y otros estipendios, naturaleza jurídica que posee la asignación de especialidad al grado efectivo, lo que implica que deba ser considerada en la base de cálculo de la gratificación de zona”.

Agregaron que en la sentencia Rol N° 8.897-2025 “de la Excma. Corte Suprema, de 28.ABR.025, que confirmó el rechazo del Recurso de Protección Rol 61-2025, de la Iltma., Corte de Apelaciones de Valdivia, cuyo objeto fue, precisamente, el no pago de asignación de zona”.

También se les preguntó si existe algún sumario administrativo por el no pago o el pago erróneo de esta gratificación. Respondieron que “no existe instrucción alguna acerca de un sumario administrativo por los hechos consultados”.

Muñoz y Espinosa

Dentro de los más de 600 funcionarios y ex funcionarios se encuentran dos que llaman la atención: Sergio Muñoz y Héctor Espinosa. Ambos fueron Director General de la PDI y han sido investigados por el Ministerio Público por distintos casos.

Desde la PDI explicaron en que se encuentra cada caso, el 27 de junio de este año, el recurso presentado por Muñoz fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, “encontrándose ejecutoriada la sentencia de autos” y por la de Espinosa “con fecha 07.AGO.025, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el Recurso de Protección Rol N° 2629-2025, presentado por el Sr. Héctor Ángel ESPINOSA VALENZUELA, encontrándose la citada sentencia ejecutoriada”.

Fuentes conocedoras del tema explicaron a La Radio que la responsabilidad administrativa se extingue una vez que dejan de ser funcionarios y este problema salió a la luz en esta administración, y la problemática real se dio estando como director general Espinosa.