Los diputados Paula Labra (IND-RN) y Hugo Rey (RN), ambos de la región del Maule, salieron al paso de los emplazamientos que realizó el presidente, Gabriel Boric, durante un nuevo acto de conmemoración del 11 de septiembre.
Y es que en la instancia, el mandatario puso énfasis en que parte de la derecha chilena había comprometido seriamente el financiamiento de sitios de memoria, votando en contra de la asignación de recursos en el Congreso.
Al respecto, tanto Labra como Rey señalaron que una cosa es financiar sitios de memoria acotados y justificados, y otra totalmente distinta es propiciar un despilfarro de recursos públicos por “cumplir un capricho político”“, como se intentó en la fallida compra de la casa del expresidente Allende.
Labra y Rey dicen que propuesta de expropiar Villa Baviera responde a agenda del PC
“No se trata de ser negacionista, se trata de entender el país y el contexto social en el que estamos. En momentos en que el Ejecutivo ha confirmado recortes presupuestarios que afectan a la gran mayoría de los gobiernos regionales, con impacto directo en programas de salud, seguridad y desarrollo local, se pretende expropiar 117 hectáreas de Villa Baviera“, enfatizaron.
En la misma línea, añadieron que los colonos no se niegan a la instalación de una placa conmemorativa por las víctimas, sin embargo, “una cosa es destinar recursos acotados para sitios de memoria y otra es expropiar 117 hectáreas de Villa Baviera, arrebatándoles a los colonos sus hogares y fuentes de trabajo”.
Al mismo tiempo, los diputados emplazaron al Gobierno a transparentar cual será el costo total que tendrá para el Fisco esta iniciativa, la cual no dudaron en catalogar como “ideológica” y que solo respondía a la agenda del partido comunista.
“No parece sensato que todos los chilenos financien una expropiación tan innecesaria. Le hemos solicitado formalmente al Gobierno, mediante una carta al ministro Nicolás Grau, reconsiderar esta decisión“, continuaron.
Ambos parlamentarios sostuvieron que esperan que el Ministerio de Justicia abra un espacio de diálogo que permita compatibilizar la memoria histórica con la protección del derecho de propiedad de los colonos, pero por sobre todo, con la correcta administración de los recursos públicos.