La Asociación de Juristas por la Democracia (AJD) manifestó “profunda preocupación” ante revelaciones en el proceso judicial contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue por el caso Farmacias Populares. La organización, que se autodefine como promotora de justicia social y reformas judiciales, cuestiona la integridad de las pruebas tras la declaración que entregó a Radio Bío Bío el exsecretario de Achifarp, Matías Muñoz Becerra.
Muñoz reveló a este medio que la fiscal Giovanna Herrera lo presionó para que hiciera declaraciones falsas que inculparan a Jadue. El imputado afirmó que, tras 100 días en prisión preventiva, la persecutora le ofreció libertad a cambio de inculpar al exalcalde en una reunión inexistente. La asociación calificó estos hechos como de “extrema gravedad“.
Asimismo, la AJD sostuvo que la coacción “contamina profundamente la integridad de las pruebas” y compromete “la legitimidad de toda la persecución penal”. Subrayó que esto trasciende violaciones individuales. “Se trata de un proceso fabricado —con motivación política”, se lee en la declaración pública de la AJD.
La organización identificó un “patrón de lawfare evidente” en el caso Farmacias Populares. Acusó al sistema judicial de perseguir selectivamente a una figura de izquierda mediante “criminalización desproporcionada”, pruebas “endebles” y narrativas mediáticas. Destacó además el uso de la prisión preventiva como “mecanismo de coacción para obtener testimonios falsos”.
Conflicto de interés en la Fiscalía
La AJD expuso un “evidente conflicto de interés” de la fiscal Herrera, ya que según la agrupación, mantiene un “vínculo familiar directo” con Javier Vega Sepúlveda, fundador de Farmacias Fracción —competidora directa de Achifarp-. Este lazo “debió haber motivado su abstención” por el “deber de objetividad” del Ministerio Público, expuso la AJD.
Recordó que la Fiscalía Nacional investiga a Herrera y a las juezas Paulina Moya y Jessica González Troncoso por presuntos delitos de prevaricación, montaje judicial, corrupción y fraude procesal en el caso que está imputado Jadue.
Patrón “guerra jurídica”
La asociación vinculó el caso a un “patrón sistemático de guerra jurídica” en la región para “neutralizar proyectos políticos transformadores”. Señaló que filtraciones calculadas a la prensa e “instrumentalización del sistema judicial” refuerzan esta estrategia.
Ante estos hechos, la AJD exigió “la apertura inmediata de una investigación independiente” sobre Herrera y su “separación inmediata de la causa”. Del mismo modo, demandó “revisión urgente de todo el proceso penal”, anulación de actos “contaminados por coacción y falsedad” y “liberación inmediata” de Jadue, a quien considera víctima de un proceso “manipulado y políticamente orientado”.
La agrupación también instó a las autoridades a reafirmar compromiso con el “Estado Democrático de Derecho, la presunción de inocencia y el debido proceso legal”.
“La democracia también se defiende en los tribunales”, agregó la asociación. Finalmente, alertó que cuando la justicia se convierte en “instrumento de persecución política”, corresponde a la sociedad civil “alzar la voz con firmeza”.
“La verdad ya no puede ser ocultada. Que venga ahora la justicia”, concluyó la AJD.