Un verdadero escándalo se desató este martes tras conocerse que Osmar Ferrer Ramírez, el presunto sicario implicado en el asesinato de José Felipe Reyes Ossa —más conocido como el “Rey de Meiggs”—, recuperó su libertad tras una orden emanada desde un tribunal y recepcionada por Gendarmería, algo que fue calificado como “inexplicable y grave” por el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Desde Gendarmería confirmaron que recibió una orden de Tribunal, y la acató, lo que abrió un manto de dudas respecto al origen, autenticidad y validez del documento que permitió la excarcelación del imputado, quien estaría vinculado al crimen organizado y al Tren de Aragua.

En conversación con Radio Bío Bío, el ministro Cordero entregó detalles sobre cómo se enteraron del hecho y cuál ha sido la reacción institucional.

“La información que tiene el Ejecutivo hasta ahora es que el día ayer el fiscal se comunicó con Carabineros para verificar esta situación, se hicieron los contactos con Gendarmería, Gendarmería confirmó que la persona había sido puesta en libertad por orden del tribunal, que había sido recepcionada el día 10”, explicó la autoridad.

Frente a las múltiples interrogantes que surgieron tras conocerse el caso, el titular de Justicia recalcó que “el Ministerio Público ha tomado conocimiento, ha abierto una investigación por este hecho, un hecho grave, y se está indagando sobre la legitimidad del documento, la forma y modo en que se expidió y la forma en que fue comunicado a Gendarmería”.

Además, el ministro fue enfático en descartar hipótesis de hackeo o manipulación informática.

“Gendarmería ha descartado cualquier tipo de hackeo o afectación similar a sus sistemas de información. Por lo tanto, Gendarmería ha reconocido que esa comunicación le fue enviada regularmente por parte del tribunal”, sostuvo.

Cordero tacha de “inexplicable y grave” liberación de sicario detenido por crimen del “Rey de Meiggs”

Uno de los puntos más controvertidos es la legitimidad del documento que ordenó la liberación de Ferrer Ramírez, considerando que se trata de una persona indocumentada y que enfrenta cargos por homicidio calificado, robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas.

Consultado por cómo se explica la existencia de un documento de este tipo que permitió la liberación del sujeto acusado de ser el sicario que asesinó al “Rey de Meiggs”, el ministro Cordero fue tajante.

“Nosotros estamos a la espera de lo que informe el Poder Judicial y, por cierto, es una situación completa y absolutamente inexplicable y que requiere de al menos identificación adecuada de los hechos durante la mañana del día de hoy”, sentenció.

Sobre el contenido del oficio que ordenó la liberación, añadió que “Gendarmería reconoce ese documento como un documento que ha sido expedido legalmente. Tiene un código QR que permite su validación. Si es falsificación ideológica o no, es un asunto que forma parte de la investigación”.

Por otro lado, Cordero insistió en el carácter grave del hecho, especialmente por el impacto que genera en la confianza pública, asegurando que “las responsabilidades es un asunto que está llevando a cabo el Ministerio Público, pero la situación es inexplicable y es grave y afecta la confianza en el sistema de Justicia”.

En ese sentido, reconoció la inquietud del Gobierno: “El Ejecutivo, por cierto, está muy preocupado”. Además, recordó la peligrosidad de los imputados, subrayando que “en el caso de este homicidio, que es un sicariato, las tres personas tienen un nivel de peligrosidad muy alta. Los hechos ocurrieron el 19 de junio, la policía y el Ministerio Público actuaron con prontitud”.

Asimismo, el ministro también lamentó el impacto que este episodio tiene sobre el trabajo de las fuerzas de seguridad.

“Nosotros le hemos pedido a las policías, actuación rápida y expedita, el esclarecimiento de los homicidios, y por cierto, este es un hecho que afecta seriamente todos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio Público y las policías en el esclarecimiento de este tipo de delitos”, concluyó.

La investigación continúa en manos del Ministerio Público, mientras se espera una declaración oficial del Poder Judicial sobre el origen y validez del documento que permitió la sorpresiva excarcelación.