El proyecto que modifica el sistema de nombramientos del Poder Judicial sigue provocando discrepancias en su discusión, en particular en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Dos hitos han marcado la tramitación en las últimas sesiones: que en la instancia se rechazara la idea matriz de la iniciativa, que justamente establece el Consejo de Nombramientos y la visita de la comisión de Venecia.
En la última sesión, el órgano consultivo internacional destacó la relevancia entre el equilibrio de los poderes del Estado en las designaciones.
Sin embargo, la próxima semana seguirá la tramitación de la reforma al sistema de nombramientos.
Nombramientos en el Poder Judicial
El diputado de Demócratas, Miguel Calisto, no ve conflicto en reabrir el debate respecto al artículo del sistema de nombramientos, para darle de esa forma viabilidad a la proposición.
“Yo no veo ningún inconveniente para reabrir el debate respecto del artículo primero A del sistema de nombramiento, y de esa manera, permitir que se apruebe un texto que permita continuar con el debate en esta reforma, que es tremendamente importante (…)”, comentó el parlamentario.
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La diputada del FA, Javiera Morales -quien fue uno de los votos en contra a la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales- indicó que la iniciativa tiene viabilidad, debido a que el rechazo del articulado tiene que ver con el rol del Senado en el proceso, al no permitir avanzar “hacia un sistema más transparente”.
Morales añadió que en un 80% de la propuesta existe consenso, y que respecto a la participación de la Cámara Alta en la designación, dijo que se explora la fórmula de rebajar el quorum.
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A su vez, la diputada de la bancada Independientes-PPD, Camila Musante, calificó como “cambios cosméticos” los propuestos por el Ejecutivo, y que se debe apostar por modificaciones estructurales y profundas.
“Es importante que el Gobierno tome una decisión si quiere impulsar una verdadera reforma al Poder Judicial o no (…)”, manifestó la legisladora.
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Este hito se da a siete meses de que el Ejecutivo ingresara la reforma para enfrentar la crisis que afecta al Poder Judicial, la cual desde el inicio ha recibido cuestionamientos por no garantizar una mayor independencia y por carecer de mecanismos que garanticen la transparencia.