La primera semana de mayo la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en tercer trámite el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y aun diversos escenarios políticos podrían llevar a una de las iniciativas más relevantes de la agenda de seguridad a comisión mixta, o a un eventual veto presidencial.
Ya está dicho. Se acabó la puja por el controversial rol de la justicia militar para la acción de efectivos militares desplegados en defensa de infraestructura crítica, luego de que por falta de quorum la oposición no lograra aprobar la propuesta en la sala del Senado.
Esto porque las reglas del juego son así: La propuesta fue declarada inadmisible o rechazada en ambas Cámaras y en tercer trámite ya no hay indicaciones nuevas. De hecho, el único mecanismo que tienen los diputados y diputadas es la solicitud de votación separada, buscando eliminar o cambiar elementos en una comisión mixta.
Sin embargo, la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, dice que de todas formas van a intentar reponer el rol de la justicia militar.
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La única posibilidad es que en la comisión mixta se apruebe incorporar esa propuesta, pero ese escenario es casi imposible porque las fuerzas están empatadas y porque la indicación siempre fue inconstitucional, por alejarse de las ideas matrices del proyecto.
Pero esto no significa que haya conformidad total en el gobierno y sus fuerzas en el congreso: Los más importantes son el rechazo de la proporcionalidad de la fuerza y de la norma que define un procedimiento para los llamados “grupos de especial protección”.
Proyecto RUF
Pero, ¿qué es la proporcionalidad de la fuerza y por qué es tan importante? Bajo este principio, se entenderá que el grado de fuerza debe ajustarse al grado de la resistencia o la agresión que enfrenten los efectivos. En todo caso, no exige igualdad en los medios empleados.
En parte por esto, diversos diputados y senadores del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) han dicho que están a la espera de la posición del Ejecutivo: Si estos aspectos se mantienen en Sala y en la mixta no se logran eliminar, esperan que el presidente Gabriel Boric presente un veto presidencial.
El diputado Jorge Brito (FA) explicó que para él la ausencia del principio de proporcionalidad traerá problemas a los tribunales civiles para juzgar las actuaciones de los efectivos.
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La oposición siempre fue partidaria de la racionalidad por dos razones: La primera, por dar más facultad a los efectivos para intervenir en los contextos que sean necesarios. La segunda, porque estiman que con la proporcionalidad la justicia civil tiene demasiado poder para procesar a funcionarios de las distintas fuerzas.
El senador de la UDI y presidente de la comisión de Seguridad, José Miguel Durana, criticó a las colectividades oficialistas por “no respetar las normas de la democracia”, señalando que las FFAA tienen que tener certezas jurídicas y para ello debe primar el principio de racionalidad.
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De esta idea también fue el senador de la DC, Iván Flores, quien planteó uno de los argumentos que internamente las fuerzas oficialistas reconocen como un flanco complejo en año electoral: La idea de que es un “despropósito” que solo pone trabas a una iniciativa que lleva dos años en trámite.
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La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, cuestionó a la derecha por “enamorarse del principio de racionalidad”, el que a su juicio le entrega carta blanca a los jueces.
En el Socialismo Democrático han planteado que la discusión de principios, que después se convierten en acción, forma parte de la “arquitectura” del proyecto y el rechazo a la proporcionalidad, es clave. La también precandidata presidencial aboga por un uso de la fuerza necesario y proporcional, y que esto se reponga en comisión mixta.
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El proyecto llega a la Cámara Baja con una norma sobre el resguardo de orden público o de seguridad pública interior o en la protección de recintos militares, que establece las 8 Reglas de Uso de la Fuerza para el personal de las Fuerzas Armadas.
También se aprobaron RUF para la protección de infraestructura crítica, pudiendo hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando se tenga por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica.