El Consejo para la Transparencia (CPLT) instruyó investigaciones sumarias contra las subsecretarías de Turismo, Derechos Humanos y de las Culturas y las Artes debido a graves incumplimientos en sus obligaciones de transparencia activa, según informó el organismo. Esta medida surge tras la fiscalización ordinaria realizada en 2024, que detectó niveles de cumplimiento inferiores al 80% en estas entidades, afectando directamente el acceso ciudadano a información pública clave.

De las 34 subsecretarías evaluadas, estas tres presentaron los índices más bajos de cumplimiento de la Ley N°20.285, conocida como Ley de Transparencia, que exige la publicación en línea de información relevante para la ciudadanía.

Resultados de la fiscalización

Subsecretaría de Turismo
– Cumplimiento: 74,56%.
– Incumplimientos: 10 ítems obligatorios de transparencia activa, como la no publicación de su estructura orgánica, bonificaciones, mecanismos de participación ciudadana, presupuesto asignado y sus modificaciones, entre otros.
– Además, presentó desactualización en actos y resoluciones con efectos sobre terceros y en la ejecución presupuestaria.

Subsecretaría de Derechos Humanos
– Cumplimiento: 78,69%.
– Incumplimientos: 11 ítems obligatorios, entre ellos contrataciones fuera del Sistema de Compras Públicas, contratos formalizados por orden de compra, y mecanismos de participación ciudadana.
– También registró información incompleta sobre modificaciones presupuestarias y desactualización en otras transferencias y ejecución presupuestaria.

Subsecretaría de las Culturas y las Artes
– Cumplimiento: 60,64%.
– Incumplimientos: 11 ítems obligatorios, con problemas graves en desactualización de información sobre bonificaciones, contrataciones fuera del Sistema de Compras Públicas, subsidios, beneficiarios y ejecución presupuestaria.
– Destacaron falencias en información sobre actos y resoluciones con efectos sobre terceros.

Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia, enfatizó la gravedad de estos hallazgos y la necesidad de corregirlos de inmediato.

“La ciudadanía tiene derecho a acceder a información oportuna y completa sobre la gestión pública. Estas investigaciones son una señal clara de que la transparencia no es opcional, sino una obligación legal, cuyo incumplimiento injustificado amerita una sanción”, afirmó. Además, invitó a las subsecretarías involucradas a “corregir estas deficiencias con celeridad, reafirmando así su compromiso con la democracia y el buen gobierno”.

Sanciones por incumplimientos

La Ley de Transparencia establece sanciones de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual bruta del infractor en caso de incumplimientos injustificados. Los resultados de la fiscalización muestran la necesidad urgente de fortalecer la gestión de transparencia activa en estas áreas críticas.

En términos generales, la fiscalización realizada reveló altos niveles de incumplimiento en las subsecretarías evaluadas, con déficits en la publicación del presupuesto asignado y su ejecución (63,03%) y en adquisiciones y contrataciones (69,79%).