La bancada de diputados de Renovación Nacional envió un oficio a la Contraloría para que fiscalice el trato directo del Ministerio Secretaría General de Gobierno, liderado por Camila Vallejo, con la empresa Datavoz, por casi $244 millones.
En concreto, piden a la contralora (s) Dorothy Pérez que, junto con fiscalizar el buen uso de recursos públicos, realice “la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, requiera la información necesaria de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo Dowling; el director de la Secretaría de Comunicaciones, don Pablo Paredes Muñoz y demás personas que estime conveniente”.
Además de que instruya un sumario administrativo “destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar, aplicando, de corresponder, sanciones a los responsables”.
Trato directo
Esta solicitud obedece a que el trato directo con la empresa se hizo, según la bancada RN, sin licitación alguna, argumentando la Segegob que el trabajo de Datavoz “contempla un análisis amplio, cualitativo y cuantitativo, sobre la contingencia sociopolítica actual ya sea a través de su GPS Ciudadano y su participación en el diseño de la encuesta CEP, lo que los habilita para sacar provecho del material cualitativo recolectado en la oferta a partir de su experiencia acumulada”.
El oficio a la contralora (s) recalca que la ley 19.886, “en su artículo 5°, establece que toda contratación que supere las 1.000 UTM ($65.770.000 millones) debe (…) realizarse mediante licitación pública”. Por lo que la ausencia de una licitación, en este caso, “constituiría una infracción a la probidad administrativa”.
Según se especifica en el documento y aludiendo a información de La Tercera, los diputados señalan que “de acuerdo a estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, en 2022 había 294 empresas con giro: estudios de mercado y encuestas de opinión pública.
También cuestionan que, tal como señala el contrato, “el objeto de este sea secreto y reservado (…) lo que terminó haciendo imposible la apertura de una licitación pública”. Añadiendo el oficio de la bancada RN que “no existe argumento plausible para adoptar una decisión que deja sin efecto relevantes normas de probidad y transparencia en las compras públicas”.
Los cuestionamientos de los parlamentarios de RN se centran en las “eventuales irregularidades del proceso que se utilizó para su elección, en vista y considerando que a nuestro parecer el acto no se encontraría correctamente fundado (…)”.
Oficio por Datavoz
El subjefe de la bancada RN, el diputado Hugo Rey, dijo que “este gobierno ha sido majadero con el uso del trato directo, cuestión que la ley permite, pero en casos extraordinarios, no en lo que hemos conocido en la Segegob”.
“La ministra Vallejo no puede elegir empresas a dedo y pagarles un dineral con recursos de todos los chilenos, solo porque le acomoda trabajar con ella y porque no quiere que nadie sepa qué se hace con esas encuestas. Esto es peligroso e inaceptable, y esperamos que la Contraloría sea estricta en la defensa de los recursos públicos”, añadió el parlamentario.
Mientras que la líder de la bancada, la diputada Ximena Ossandón, manifestó que las “encuestas a dedo, secretas y millonarias para fines políticos, pagadas por todos los chilenos (…) es lo más parecido a Venezuela (…)”.