Fueron casi cuatro horas que estuvo declarando ante el fiscal regional Occidente, Marco Pastén, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, que fue citada en calidad de testigo en la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco tras la entrega de pensiones de gracia con diversas irregularidades.
Fue la Contraloría General de la República que detectó anomalías en la acreditación de la calidad de víctimas en múltiples de las 418 gratificaciones entregadas entre el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, y la actual administración de Gabriel Boric.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, sostuvo a la salida de su declaración que el organismo solo se limitó a revisar si hubo o no violaciones a los derechos humanos, pero que las pensiones fueron impulsadas por el Ejecutivo y el Congreso.
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La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que si bien la legislación no establece impedimentos para la entrega de las pensiones a personas con antecedentes penales, pero que sin embargo el presidente Boric aún así determinó revocar algunas de estas.
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El diputado de la UDI y presidente de la comisión investigadora de las pensiones, Henry Leal, señaló que el INDH sí tiene responsabilidad en los recursos entregados a supuestas víctimas, al igual que lo hizo su par del Partido Socialista y miembro de la instancia, Tomás de Rementería.
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Cabe señalar que según las actas del Consejo del INDH, sus integrantes recibieron en sus sesiones de directorio 437 casos de denunciantes de violaciones a los derechos humanos durante el denominado Estallido Social, los que acreditaron en su totalidad como víctimas.