53 organizaciones solicitaron el veto presidencial respecto a la ley de usurpaciones, a través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, acusando “un grave retroceso en el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan este país”.

Las entidades -en su mayoría defensoras de los Derechos Humanos- consignaron los efectos negativos que podría traer la promulgación de esta ley, tales como: Aplicar el ejercicio de la autotutela por parte de propietarios de inmuebles; la criminalización de sectores más empobrecidos de este país; la criminalización de las reivindicaciones de tierras por parte de pueblos originarios, entre otros.

En el oficialismo apoyaron esta solicitud, afirmando que este proyecto de ley criminaliza la pobreza y significa un retroceso en el Estado de Derecho. Así lo señaló el diputado comunista, Luis Cuello; y el senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana.

La oposición considera que debe promulgarse la ley, con el fin de que los chilenos “puedan vivir tranquilos”, argumentó el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum; y el parlamentario de Evópoli, Jorge Guzmán.

Recientemente, el Senado despachó el proyecto que sanciona ocupaciones ilegales, a lo que el Gobierno, como respuesta, adelantó que vetará la iniciativa porque “transgrede principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico que prohíbe la violencia entre particulares para resolver los conflictos jurídicos”.