La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, declaró inadmisible -por 7 votos contra 6- el veto presidencial enviado por el Ejecutivo al proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez.
Esta iniciativa fue enviada al Tribunal Constitucional por cerca de 50 diputados y diputadas de Chile Vamos, que lograron derribar varios artículos del texto aprobado por el Congreso.
Los dos más importantes tienen que ver con la autonomía progresiva del niño y niña, que en la ley despachada del Parlamento -según el oficialismo- se pone por encima del derecho de padres y madres, de decidir sobre la crianza de sus hijos o hijas.
También Chile Vamos cuestionó que los niños y niñas deban tener acceso a educación ‘laica y no sexista’, y pidieron que se considere la crianza religiosa.
La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, dijo que el Gobierno se ha negado ‘sistemáticamente’ a mejorar la política de protección de la infancia.
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En el oficialismo hubo críticas por la inadmisibilidad del veto. El diputado de Renovación Nacional e integrante de la llamada ‘bancada evangélica’, Eduardo Durán, dijo que ‘no hay justificación jurídica para el rechazo’ en la comisión.
En tanto, el legislador de la UDI, Cristián Labbé, dijo lamentar la ‘falta de empatía’ del comité de Familia.
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El diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, otro detractor del proyecto de garantías de la niñez, criticó al Gobierno ‘por llegar tarde’ y no evitar que el veto fuera declarado inadmisible.
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El diputado informante en la sala, el próximo jueves, será el legislador René Saffirio, quien se refirió a la opción de que la Cámara respalde que el veto es inadmisible.
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Este jueves en la sala deberá realizarse una votación doble: primero, si se va a revertir la inadmisibilidad establecida por la comisión de Familia, y luego la opinión del hemiciclo sobre el veto presidencial, que propone cambios en siete artículos relacionados con el derecho de padres, madres o tutores al resguardo de la intimidad e imagen de los hijos e hijas, y con procedimientos judiciales para asistir al sistema de garantías.
De rechazarse en cualquiera de las dos instancias, la iniciativa podría ser promulgada como ley, sin las disposiciones declaradas inconstitucionales por el TC.