La indicación del Ejecutivo pareció no ser suficiente, ya que establecía un plazo de 2 días previos para que la persona –que sea parte de cierto segmento– pueda emitir su voto de manera anticipada.
Ayer, se antepuso una enmienda de la diputada del PPD Andrea Parra, la cual establece una ventana de 7 días para sufragar antes de un acto electoral.
En la misma línea, se aprobó una indicación de la diputada RD Catalina Pérez, para ampliar el universo, incorporando a los trabajadores de faena y temporeros. Por otro lado, se tendrá que crear un mecanismo para que los privados de libertad puedan ejercer el sufragio.
El Gobierno cuestionó lo aprobado por la comisión de Gobierno Interior, e hicieron reserva de constitucionalidad, pese a que al ser una Ley Orgánica Constitucional, de todas formas tendría que pasar por control preventivo.
El subsecretario de la Segpres, Máximo Pávez. indicó que la norma irroga gasto fiscal, algo que es de materia exclusiva del presidente de la República.
Pávez indicó que una sola jornada de votación contempla un costo de $2.800 millones de pesos.
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La presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Joanna Pérez, de la DC, criticó la decisión del Ejecutivo y llamó a no obstaculizar el avance del proyecto.
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El director nacional del Servel, Raúl García, manifestó en la Comisión de Hacienda de la Cámara, su preocupación por los plazos. En lo concreto, se teme que la norma no esté implementada a tiempo, para que el plan piloto se realice el 11 de abril.
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Se espera que este viernes el proyecto sea votado en particular, y por ende, despachado al Senado. Sin embargo, al entrar al receso legislativo de febrero, se corre el riesgo en un retraso aún mayor en la tramitación de la iniciativa.
Cabe destacar que las personas contagiadas con covid-19, no están contempladas en esta norma.