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Plan del Gobierno para ampliar CAE genera rechazo en oposición y organizaciones educativas

Por Yessenia Márquez
La información es de Nibaldo Pérez

06 julio 2020 | 23:10

Un rechazo generalizado causó el anuncio del Gobierno de abrir un nuevo período de postulación al Crédito con Aval del Estado, como única medida para enfrentar la pandemia que también afecta a la educación superior, descartando reabrir un proceso para acceder a la gratuidad.

En tanto, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a la Sala la moción que suspende el pago del CAE, el Fondo Solidario y el Crédito Corfo durante la emergencia sanitaria.

La “responsabilidad fiscal” fue el argumento dado por el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, para explicar por qué el Gobierno sólo optó por reabrir el proceso de postulación al Crédito con Aval del Estado, dejando fuera la gratuidad y las becas, como única medida paliativa para los estudiantes que no pueden seguir pagando debido a la pandemia.

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Según el propio Gobierno, abrir un nuevo proceso para el CAE tendría un costo de 90 millones de dólares; mientras que la Dirección de Presupuestos informó a la comisión de Hacienda de la Cámara, que la reapertura de todos los beneficios en la educación superior, fluctuaría entre 100 y 120 millones de dólares.

Desde la organización Deuda Educativa, su vocero Juan Pablo Rojas, calificó de inmoral el anuncio del Gobierno.

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La vocera de la Confech, Catalina Magaña, lamentó que el Ministerio de Educación se haya cerrado a un nuevo proceso de postulación a la gratuidad y becas, asegurando que la falta de ayuda efectiva para la gente, sólo contribuye a una mayor frustración.

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La diputada de Comunes y presidenta de la comisión de Educación de Cámara, Camila Rojas, calificó el anuncio del Ejecutivo como cruel y una bomba de tiempo, lamentando que se quiera disfrazar el endeudamiento como una ayuda social.

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En medio de esta discusión, la Comisión de Educación de la Cámara aprobó en particular la moción que establece la suspensión del pago de las cuotas de los créditos con garantía estatal, como el CAE, el Fondo Solidario y el Crédito Corfo y que no haya retención de impuestos para quienes emiten boletas de honorarios.