El martes el Ejecutivo interpuso una querella por el delito de tenencia de armas o elemento prohibido y tenencia de municiones contra Matías Ugalde y Joaquín Valdes, imputados que están en prisión preventiva por la presunta compra y venta de un fusil ruso AK-47.
En este caso hay seis personas formalizadas por porte y tenencia de armas y municiones, en una investigación revelada por Radio Bío Bío.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, evitó referirse a la cuestionada decisión del Gobierno, de no invocar la Ley de Seguridad del Estado, pero afirmó que se dedicarán a indagar los hechos, considerados graves por la naturaleza de las armas.
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Quien también se refirió al tema fue el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, quien ya había señalado que el Ejecutivo “contaba con los antecedentes suficientes para querellarse” por Ley de Seguridad del Estado.
En esta oportunidad, el fiscal sostuvo que esta es una determinación política de La Moneda.
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El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, descartó que el caso se trate de un grupo de ultraderecha que pretendiera realizar atentados en marzo. El persecutor sostuvo a Radio Universo que se trata de simple y pura delincuencia.
La querella criminal fue interpuesta en el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por abogados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Durante este miércoles se conoció que el abogado de Matías Ugalde solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tener acceso a la carpeta investigativa por un tema de debido proceso, sin embargo, el tribunal determinó que no podía resolver la petición, por lo que derivó la solicitud a la Fiscalía Oriente.