El viernes el Gobierno envió un escrito al Tribunal Constitucional con observaciones al requerimiento de Chile Vamos, quienes buscan que los centros de salud privados que reciban recursos del Estado y que actualmente no pueden negarse a realizar un aborto, sí se les permita ejercer la objeción de conciencia institucional para evitar hacer la intervención.

El texto de 40 páginas, firmado por el presidente Sebastián Piñera y los ministros de Segpres y Salud, Gonzalo Blumel y Emilio Santelices, generó polémica en la política chilena, pues parlamentarios criticaron que existiría una contradicción por parte del Ejecutivo.

En esa línea, el ministro del Interior Andrés Chadwick salió en defensa de estas objeciones, afirmando que como Gobierno deben acatar las decisiones de Contraloría.

Críticas

El diputado del PS y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, acusó que la administración de Piñera estaría paralizando La ley de Aborto en Tres Causales.

En tanto, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, declaró estar preocupada respecto a que la información entregada al Tribunal Constitucional fuese la que corresponde a la realidad.

Agregó que el problema radicaría en que el derecho de la mujer, establecido y protegido por esta ley, se vería en riesgo a raíz de la falta de atención en pabellón con objetores de conciencia.

Consignar que el escrito presentado por el Gobierno ante Contraloría se debió a que el organismo decretó que los establecimientos privados de salud suscritos a convenios regidos por el Decreto con Fuerza de Ley n° 36 de 1980 no podrán ser objetores de conciencia al prestar servicios de obstetricia y ginecología.